Viernes
28 de agosto de 2026
28 de agosto de 2026
La iniciativa podría generar resistencias entre gobernadores que hasta ahora acompañaron al Gobierno en el Congreso, debido al impacto económico e institucional en sus provincias.
El Gobierno nacional prepara un nuevo paquete legislativo para profundizar la desregulación económica y eliminar organismos, regímenes de promoción y mecanismos de financiamiento vinculados con distintas actividades productivas.
La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y podría generar tensiones con gobernadores aliados a la Casa Rosada, ya que varias de las medidas previstas afectan sectores relevantes para sus provincias.
El proyecto contempla 349 artículos y propone derogar normas relacionadas con el gas licuado de petróleo, la actividad vitivinícola, la promoción de la carne vacuna, la actividad librera y el doblaje, entre otros sectores.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de la Ley 26.020, que regula la industria y comercialización del gas licuado de petróleo.
También se plantea derogar la Ley 23.149, vinculada con mecanismos de promoción y control de la actividad vitivinícola, y la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina.
La eliminación de esta última norma implicaría además la liquidación de la corporación, encargada de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola y financiada mediante aportes obligatorios del sector.
El proyecto también propone modificar la Ley 25.507, que creó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En ese caso, se eliminarían artículos vinculados con el sistema de financiamiento obligatorio del organismo.
El impacto de estas decisiones podría sentirse especialmente en provincias como Mendoza, donde la vitivinicultura tiene un peso central y donde el Instituto Nacional de Vitivinicultura mantiene una fuerte presencia.
La principal dificultad política para el oficialismo será conseguir el respaldo de diputados y senadores que responden a gobernadores que hasta ahora acompañaron al Gobierno en votaciones clave.
La eliminación o reducción de organismos productivos podría afectar intereses provinciales y complicar el esquema de alianzas que la Casa Rosada busca sostener en el Congreso.
La situación marca una diferencia con otras iniciativas de desregulación, ya que en este caso las medidas avanzan sobre sectores estratégicos de distritos gobernados por mandatarios cercanos al oficialismo.
Desde que asumió, el Gobierno utilizó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la Ley Bases y distintos decretos para disolver, fusionar o reformular organismos públicos.
Según datos del propio Ministerio de Desregulación, entre julio de 2024 y julio de 2025 fueron eliminados, fusionados o modificados 101 organismos.
Ese número no incluye las medidas adoptadas antes de ese período ni las propuestas incorporadas en el nuevo anteproyecto.
Entre las estructuras eliminadas se encuentran el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
También fueron suprimidos regímenes de promoción industrial, programas destinados a parques industriales, iniciativas de apoyo a pequeñas y medianas empresas y planes dirigidos al empresariado joven.
En el sector agropecuario se derogaron regímenes de promoción para la ganadería ovina, caprina y bovina en zonas áridas, además de programas vinculados con llamas, gusanos de seda, búfalos de agua y producción algodonera.
A ese proceso se sumaron organismos que fueron desfinanciados o perdieron capacidad de intervención entre los distintos sectores productivos.
Entre ellos aparecen el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La nueva iniciativa profundizaría esa orientación y abriría una discusión política sobre el alcance de la desregulación y el impacto territorial de las medidas.
