Los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, formalizaron un pedido de reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar el impacto que los cambios en las tarifas energéticas podrían tener sobre hogares e industrias de la Región Centro.
Los mandatarios unificaron posiciones frente al avance en el Senado de una iniciativa que prevé modificar beneficios vinculados con las denominadas zonas frías y ante los incrementos registrados en distintos componentes del costo mayorista de la energía eléctrica.
Uno de los principales planteos apunta al efecto que una eventual reducción de subsidios al gas podría generar sobre las facturas residenciales. Según las estimaciones manejadas por las provincias, los aumentos podrían ubicarse entre 40% y 100% en determinados casos.
Ante ese escenario, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos buscan negociar con el Gobierno nacional algún mecanismo alternativo o un régimen de transición que permita moderar el impacto sobre los usuarios.
La preocupación se extiende especialmente al sector industrial. Los gobiernos provinciales advierten sobre fuertes aumentos en cargos regulados vinculados con el mercado eléctrico mayorista y costos adicionales asociados a la generación con Gas Natural Licuado.
De acuerdo con el planteo regional, algunas industrias comenzaron a recibir facturas complementarias con saldos retroactivos que incrementaron significativamente sus costos energéticos. La situación genera especial preocupación entre pequeñas y medianas empresas por su incidencia sobre la competitividad y el flujo financiero.
Una de las propuestas que los equipos técnicos llevarán a la Nación consiste en permitir que esos saldos pendientes puedan ser abonados en hasta seis cuotas sin interés.
Para implementar ese mecanismo, las provincias consideran necesaria la participación de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía, ya que las distribuidoras locales sostienen que no pueden absorber por sí mismas el costo financiero de un esquema de ese tipo.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), entre otras prestatarias, habría advertido sobre las dificultades para financiar directamente esos pagos sin asistencia o mecanismos compensatorios provenientes de Nación.
Los gobernadores de la Región Centro mantienen abiertos los canales de diálogo con la Casa Rosada, aunque expresaron cuestionamientos por las diferencias que observan entre los costos energéticos que afrontan las provincias y los correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires.
El planteo de Llaryora, Pullaro y Frigerio apunta a evitar que el encarecimiento de la energía termine profundizando los problemas de competitividad de las industrias radicadas en el interior del país.
Mientras se espera una fecha para la reunión con Santilli, los equipos técnicos provinciales preparan un informe con los datos que serán presentados ante la Jefatura de Gabinete. Las entidades industriales de la región también reclaman definiciones ante el impacto que las últimas facturaciones tuvieron sobre sus estructuras de costos.
El resultado de las negociaciones tendrá además incidencia sobre la relación política entre las provincias de la Región Centro y el Gobierno nacional en la antesala del debate por el Presupuesto del próximo año.