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28 de agosto de 2026
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La Justicia paraguaya rechazó el pedido de libertad bajo palabra presentado por el exsenador argentino Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel, por lo que ambos continuarán cumpliendo prisión domiciliaria mientras avanza la causa por presunto lavado de activos.
La defensa había solicitado reemplazar el arresto domiciliario por una caución juratoria, una figura procesal equivalente a la libertad bajo palabra, mediante la cual el imputado se compromete formalmente a permanecer a disposición de la Justicia y presentarse cada vez que sea requerido.
Sin embargo, el juez Humberto Otazú rechazó el planteo en una resolución fechada el 18 de agosto. El magistrado consideró que las circunstancias que llevaron a imponer la prisión domiciliaria no se modificaron y sostuvo que ambos imputados son ciudadanos extranjeros sin arraigo suficiente en Paraguay.
Kueider y Guinsel llevan más de 630 días bajo arresto desde que fueron detenidos con USD 200.000 sin declarar.
Actualmente, el exsenador afronta tres órdenes de prisión domiciliaria en Paraguay: una vinculada a la causa por lavado de activos, otra dentro del proceso de extradición solicitado por la Justicia argentina y una tercera derivada de la condena por tentativa de contrabando.
La investigación por lavado se centra en la adquisición de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo ubicado en Asunción.
Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existirían indicios de que Kueider y Guinsel habrían incorporado fondos de origen ilícito al circuito financiero y comercial paraguayo.
Las propiedades se encuentran en el edificio Innova Las Mercedes, ubicado sobre la avenida General Santos, esquina Marco de Brix.
De acuerdo con la investigación, las unidades habrían sido adquiridas a través de la sociedad paraguaya Golsur, que figura a nombre de Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.
La Fiscalía sostiene que ambos adquirieron la empresa meses antes de la detención de Kueider y que posteriormente otorgaron a Guinsel un poder amplio para administrar la firma.
La Justicia dispuso el embargo de esos bienes mientras avanza la investigación. En Paraguay, el delito de lavado de activos prevé penas de entre cinco y diez años de prisión.
Kueider y Guinsel también fueron condenados por tentativa de contrabando a raíz del episodio en el que intentaron ingresar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar.
El proceso llegó a juicio en junio y, a mediados de julio, Kueider recibió una condena de dos años.
La sentencia fue apelada y ahora deberá ser revisada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación Especializado.
A ese escenario se suma el pedido de extradición formulado en 2025 por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
En Argentina, Kueider es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos.
La Fiscalía paraguaya se pronunció a favor de la extradición, aunque estableció como condición que el exsenador primero resuelva las causas pendientes ante la Justicia de Paraguay.
Como Kueider no aceptó voluntariamente el pedido, se abrió un proceso judicial de extradición en el marco del tratado vigente entre ambos países.
Por ahora, el exsenador y Guinsel continuarán bajo arresto domiciliario mientras avanzan en paralelo los expedientes por lavado, contrabando y extradición.
Con información de Infobae
