Martes
8 de septiembre de 2026
8 de septiembre de 2026
La propuesta contempla la posibilidad de consolidar distintas obligaciones en una sola operación de refinanciación, con una tasa nominal anual fija de hasta el 35% —o el tope preferencial que se determine—, un plazo mínimo de 24 meses y cuotas fijas. El texto es un proyecto y todavía debe atravesar el trámite legislativo correspondiente para convertirse en ley.
El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad buscará impulsar en el Congreso un proyecto de alcance nacional destinado a personas y familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
“Mañana estaremos en la sesión para impulsar nuestro proyecto de ley de desendeudamiento familiar y personal, una propuesta de alcance nacional destinada a trabajadores, jubilados y familias cuyos ingresos están seriamente comprometidos por préstamos, tarjetas, financieras o descuentos sobre sus haberes”, expresó el legislador.
El proyecto crea el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal y establece como objetivo facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de deudas de consumo. Según el texto presentado, la finalidad es reducir la carga financiera de los hogares, recuperar capacidad de consumo e ingreso disponible y prevenir situaciones de exclusión financiera.
Entre los requisitos previstos para acceder al programa se encuentra tener domicilio real en la Argentina y acreditar ingresos provenientes de actividades laborales, previsionales, profesionales, comerciales, productivas u otra fuente lícita. Los ingresos mensuales del beneficiario no podrán superar los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Además, la persona deberá acreditar obligaciones financieras, crediticias o de consumo que afecten significativamente sus ingresos. El proyecto establece como parámetro que el conjunto de cuotas, débitos, retenciones, códigos de descuento y demás compromisos financieros alcanzados represente, como mínimo, el 30% de sus ingresos.
Una de las herramientas centrales de la iniciativa es la posibilidad de reunir deudas con distintos acreedores en una única operación. “El proyecto permite reunir distintas deudas en una sola operación, con una cuota más baja, tasa fija, mayor plazo y condiciones transparentes. No se trata de desconocer las obligaciones, sino de ordenarlas para recuperar el salario y devolver capacidad económica a los hogares”, explicó Herrera Ahuad.
El texto faculta al Ministerio de Economía, en coordinación con el Banco Central, para implementar y administrar el programa. También prevé convenios con el Banco Nación y la adhesión de bancos públicos y privados, compañías financieras, cooperativas, mutuales, proveedores no bancarios de crédito y otras entidades habilitadas.
En cuanto a los créditos destinados al desendeudamiento, el proyecto establece una tasa nominal anual fija máxima del 35% o la tasa tope preferencial que determine la reglamentación en acuerdo con el Banco Central. También fija un plazo mínimo de devolución de 24 meses y un esquema de cuotas fijas.
Los créditos contemplados estarían exentos de IVA y no podrían incluir gastos administrativos, comisiones de otorgamiento ni cargos de intermediación. Asimismo, se permitiría la cancelación anticipada total o parcial sin penalidad y se prohibiría la capitalización de intereses moratorios, punitorios o gastos durante la vigencia del crédito.
Para quienes tengan compromisos con más de una entidad, la iniciativa habilita la consolidación de las deudas mediante una única operación de refinanciación, con mecanismos para que los fondos sean destinados directamente a cancelar las obligaciones con cada acreedor.
El proyecto aclara que el ingreso al programa no implica automáticamente desconocer la existencia de las deudas ni eliminar antecedentes de la Central de Deudores del Banco Central u otros registros de información crediticia. Sin embargo, una vez canceladas o regularizadas las obligaciones, las entidades deberán efectuar las comunicaciones correspondientes para actualizar o suprimir la condición de morosidad dentro de los plazos legales.
Otro de los puntos establece que, una vez notificado formalmente el inicio del trámite de incorporación al programa, podrán suspenderse durante el período de evaluación y refinanciación —por un máximo de 90 días hábiles— las ejecuciones vinculadas a las obligaciones comprendidas. Durante ese lapso también quedaría suspendida la imposición de nuevos embargos o medidas cautelares sobre cuentas sueldo, de la Seguridad Social o haberes jubilatorios relacionados con las deudas en negociación.
La iniciativa contempla además condiciones especiales para situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, incapacidad sobreviniente, pérdida intempestiva del empleo u otras circunstancias graves que afecten sustancialmente la capacidad de pago.
“Pagar una deuda no puede significar dejar de comer, atender la salud, sostener la vivienda o cubrir las necesidades básicas de una familia”, sostuvo Herrera Ahuad.
Para el diputado misionero, la situación requiere una respuesta de alcance público. “El sobreendeudamiento dejó de ser un problema individual y requiere una respuesta concreta del Estado. Para eso vamos a estar en el Congreso: para defender iniciativas que mejoren la vida de las familias argentinas”, afirmó.
La iniciativa deberá ser debatida por el Congreso y, por lo tanto, las condiciones contempladas en el proyecto todavía no se encuentran vigentes.
