Foto: Diario Junio
La Justicia realizó este lunes nuevos allanamientos en propiedades vinculadas al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Los procedimientos se concretaron durante la mañana del 4 de mayo en la ciudad de Concordia. Según se informó, los operativos comenzaron cerca de las 8:00 en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza al 800 y en otra propiedad lindera, situada en Salta 66.
Las medidas también alcanzaron una quinta construida en los últimos años por la pareja en el barrio cerrado Village Termal, sobre avenida Monseñor Rosch. Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal José Emiliano Arias, quien lleva adelante la investigación sobre la evolución patrimonial del ex mandatario entrerriano.
De acuerdo con lo consignado por un cronista presente en el lugar, el fiscal Arias se encontraba dentro de una de las viviendas junto a personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, supervisando las tareas.

La causa tomó mayor impulso luego de que Bordet anunciara su decisión de renunciar a los fueros parlamentarios, lo que habilitó el avance de nuevas medidas judiciales. Dos semanas atrás ya se había realizado otro allanamiento en Paraná, en una propiedad perteneciente a su hija mayor, Florencia Gabriela Bordet, quien no cuenta con inmunidad legislativa.
El objetivo de los procedimientos es secuestrar documentación vinculada a cuestiones patrimoniales y comerciales. Entre los elementos buscados figuran recibos de sueldo, libros contables, facturas, escrituras, boletos de compraventa y otros documentos considerados relevantes para la investigación.
La pesquisa no involucra únicamente a Bordet. También alcanza a su esposa, sus dos hijas mayores de edad, el ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y Sonia Alejandra Romero, una persona allegada al entorno familiar.
Según la hipótesis fiscal, durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet, primero como intendente de Concordia y luego como gobernador de Entre Ríos, habría incrementado de manera desproporcionada su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
La investigación también analiza la posible intervención de terceros como presuntos testaferros. Entre las personas mencionadas figuran Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro —primera esposa del ex mandatario— y sus hijas, sin descartar la participación de otras personas físicas o jurídicas.
La causa está encuadrada bajo la figura de enriquecimiento ilícito, prevista en el artículo 268 del Código Penal. Para el fiscal Arias, se trata de “un caso de suma gravedad”, ya que involucra a un ex funcionario que tuvo responsabilidades institucionales de alto nivel.
Entre los puntos bajo análisis aparecen al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet–Ávila durante el período investigado, presuntas omisiones o subvaluaciones en declaraciones juradas, viajes al exterior que no se corresponderían con los ingresos declarados y movimientos bancarios realizados por allegados.