El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Foto: NA
Buenos Aires (NA) — El Gobierno nacional buscará recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el impulso de dos proyectos considerados estratégicos para su agenda económica e institucional: el denominado Súper RIGI y la Ley de Lobby.
Las iniciativas comenzarán a ser analizadas este miércoles en distintos plenarios de comisión con la intención de obtener dictamen la próxima semana y llevarlas al recinto durante una sesión prevista para el 24 de junio.
Por la mañana se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir el proyecto de Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, más conocido como Ley de Lobby.
Más tarde será el turno de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, que abordarán el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para industrias de frontera tecnológica, conocido como Súper RIGI.
La iniciativa sobre lobby busca establecer reglas claras para las gestiones que realizan empresas, organizaciones o intermediarios ante funcionarios públicos y legisladores con el objetivo de influir en decisiones estatales.
El proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses en el que deberán inscribirse quienes desarrollen estas actividades, además de informar a quién representan y cuáles son los intereses involucrados.
También establece obligaciones para funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán publicar información sobre reuniones, audiencias y contactos mantenidos con gestores de intereses.
La propuesta contempla sanciones económicas e inhabilitaciones para quienes incumplan las disposiciones previstas.
Por otra parte, el Gobierno busca avanzar con una versión ampliada y especializada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado en la Ley Bases.
El nuevo esquema estará orientado exclusivamente a proyectos vinculados a industrias de alta tecnología y desarrollo estratégico, como inteligencia artificial, semiconductores, hidrógeno verde, baterías de litio, energías renovables, vehículos eléctricos y reactores nucleares modulares.
Para acceder a los beneficios será necesario realizar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, una cifra considerablemente superior a los 200 millones exigidos por el régimen original.
Entre los incentivos previstos figuran una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, beneficios aduaneros, estabilidad fiscal por 30 años, exención de derechos de exportación y disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones.
El régimen tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de una prórroga adicional de un año.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo confía en reunir los consensos necesarios para avanzar con ambos proyectos, especialmente entre los sectores de la oposición dialoguista que acompañaron iniciativas similares durante el tratamiento de la Ley Bases.