El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a tensar su relación con la administración nacional al denunciar que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, no autoriza financiamientos internacionales destinados a obras de infraestructura que la gestión de Axel Kicillof considera prioritarias.
Según planteó la administración bonaerense, varios proyectos ya cuentan con respaldo de organismos multilaterales de crédito, pero requieren el aval formal del Gobierno nacional para poder avanzar con su ejecución.
El reclamo se suma a los planteos que en los últimos meses realizaron otras provincias por cuestiones vinculadas a recursos, financiamiento y coparticipación.
Desde la provincia aseguran que los proyectos comprometidos superan los 1.100 millones de dólares e incluyen obras hídricas, de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
Entre las iniciativas mencionadas figuran la ampliación de la capacidad del río Salado, la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Región Capital, obras en la cuenca del río Luján, el acueducto Parque San Martín en La Plata y diversas intervenciones hidráulicas en municipios bonaerenses.
También aparece la obra de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que atraviesa los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró que la provincia no solicita recursos nacionales, sino únicamente los avales administrativos requeridos por la normativa vigente para acceder a créditos internacionales.
“Necesitamos los avales que nos permitan ejecutar muchas de estas obras”, sostuvo el funcionario, quien además calificó la situación como una medida “excepcional, discriminatoria y arbitraria” contra Buenos Aires.
Según la gestión de Kicillof, mientras los proyectos bonaerenses permanecen sin autorización, otras provincias sí obtuvieron avales nacionales para acceder a financiamiento internacional.
Desde el gobierno provincial señalaron que entre 2024 y 2026 la Nación aprobó créditos para distintas jurisdicciones, entre ellas Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.
Los fondos fueron destinados a programas de infraestructura vial, agua potable, desarrollo productivo, energía, logística y servicios públicos, con financiamiento proveniente de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), FONPLATA y el Fondo Saudita para el Desarrollo.
La administración bonaerense sostiene que Buenos Aires quedó excluida de ese esquema, pese a concentrar algunos de los proyectos de infraestructura más grandes del país.
El reclamo se produce en un contexto de creciente confrontación política entre la gestión de Javier Milei y el gobierno bonaerense.
Mientras la administración nacional mantiene su política de reducción del gasto público y paralización de la obra pública financiada por el Estado, la provincia argumenta que muchos de los proyectos en cuestión cuentan con financiamiento externo ya aprobado y que solo necesitan la autorización formal del Ejecutivo nacional para avanzar.