Foto: El Parlamentario vía X
El Congreso nacional aprobó la autorización para que el Gobierno avance con el pago de USD 171 millones a dos grupos de acreedores que mantenían reclamos judiciales por bonos de la deuda argentina en default desde 2001.
La iniciativa terminó de ser sancionada este miércoles en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra. El proyecto ya había sido aprobado previamente por el Senado.
El acuerdo forma parte de una conciliación alcanzada en tribunales de Estados Unidos y tenía como fecha límite de aprobación el 30 de junio.
El entendimiento contempla el desembolso de USD 67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y otros USD 104 millones a un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Según la negociación, el acuerdo implica una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente.
Estos fondos forman parte del grupo de tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de deuda realizados después del default declarado por la Argentina a fines de 2001.
Con la aprobación legislativa, el Ejecutivo apunta a cerrar litigios internacionales que permanecían abiertos desde hace años.
Además, el Gobierno busca avanzar en el levantamiento de embargos sobre activos argentinos en el exterior, entre ellos participaciones en empresas públicas.
Durante el debate parlamentario, el oficialismo defendió la operación al sostener que permite resolver una disputa con sentencia firme en tribunales extranjeros y evitar nuevos costos judiciales.
Los legisladores que acompañaron el proyecto también destacaron que los acreedores se comprometieron a no iniciar nuevas demandas vinculadas a estos reclamos.
Desde sectores opositores cuestionaron la falta de una previsión presupuestaria específica para afrontar el pago.
También plantearon reparos sobre el encuadre legal de la iniciativa y advirtieron que este tipo de operaciones ya generó controversias en otros proyectos recientes impulsados por el Ejecutivo.
Pese a las objeciones, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para convertir en ley la autorización y cerrar una nueva etapa de negociación con acreedores externos.
El pago aprobado por el Congreso se inscribe dentro de las consecuencias todavía abiertas del default argentino de 2001.
Más de dos décadas después de la crisis, el país continúa resolviendo litigios derivados de bonos que quedaron fuera de los procesos de reestructuración.
Con este acuerdo, el Gobierno busca reducir frentes judiciales en el exterior y mejorar la situación de activos argentinos afectados por embargos.