El Gobierno nacional fijó agosto como el mes para negociar con gobernadores y bloques dialoguistas la eliminación de las PASO y una reforma del sistema electoral.
La Casa Rosada busca que el proyecto llegue al Congreso en septiembre con los consensos necesarios para iniciar el debate. La iniciativa requiere mayoría absoluta en ambas cámaras, un número que La Libertad Avanza no tiene por sí sola.
La negociación estará a cargo de una mesa de coordinación legislativa integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El oficialismo intentará sumar respaldo de mandatarios provinciales y sectores de la oposición dialoguista. Para eso, analiza incorporar modificaciones al proyecto original y atender reclamos vinculados al armado electoral en las provincias.
Uno de los ejes de la reforma será la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El argumento del Gobierno es reducir el gasto electoral y simplificar el calendario de votación.
La iniciativa también prevé cambios en el financiamiento político y en las reglas de funcionamiento de los partidos durante las campañas.
El punto más sensible de la negociación con los gobernadores es la posibilidad de habilitar nuevamente las listas colectoras. La propuesta aparece como una alternativa para destrabar resistencias provinciales frente a la eliminación de las primarias.
El oficialismo analiza modificar la normativa de Boleta Única de Papel para permitir que distintos candidatos legislativos puedan acompañar a un mismo candidato presidencial.
Ese esquema permitiría que fuerzas provinciales presenten diferentes postulantes al Congreso vinculados a una misma fórmula presidencial. Para algunos gobernadores, esa herramienta resulta central para sostener acuerdos electorales territoriales.
Mientras avanza la discusión electoral, el Ejecutivo mantiene otros proyectos en la agenda parlamentaria. Entre ellos figura una reforma al Régimen de Zona Fría, orientada a limitar subsidios al gas residencial a determinadas regiones, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.
El Gobierno también prepara dos iniciativas económicas: una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir el financiamiento al Tesoro y una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el ministro Luis Caputo.