Martes
14 de julio de 2026
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El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó este lunes a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska, una causa en la que se investigó el pago de coimas y el direccionamiento de licitaciones para la ampliación de dos gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas fueron hallados culpables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta. El tribunal consideró probado que ambos cobraron sobornos en el proceso vinculado con las obras de los gasoductos Norte y Sur.
La misma pena recibió Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos S.A. Los tres fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Los exfuncionarios siguieron la lectura del fallo de manera virtual desde sus lugares de detención.
De Vido participó desde su arresto domiciliario en Zárate, mientras que López lo hizo desde la cárcel de Ezeiza.
El expediente investigó el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca Skanska para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos en 2004.
Según la acusación, la empresa habría direccionado licitaciones y ocultado la maniobra mediante facturas falsas emitidas por más de 20 firmas fantasma, utilizadas para simular servicios que nunca se prestaron.
Una de las pruebas centrales fue una grabación interna de la compañía en la que el exejecutivo Javier Azcárate habló con Claudio Corizzo, exsíndico de Skanska, sobre el pago de sobornos para asegurarse las obras.
La causa alcanzó tanto a exfuncionarios nacionales como a directivos de la empresa. El juez federal Sebastián Casanello elevó el expediente a juicio en 2019.
“La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento”, sostuvo Casanello en ese momento.
El magistrado también señaló: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.
Casanello advirtió además que la maniobra habría provocado un perjuicio económico millonario para la administración pública, al convertir los sobornos en beneficios personales financiados con fondos estatales.
