Manuel Adorni pidió a la Justicia más tiempo para presentar las explicaciones sobre su evolución patrimonial en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada a pocos días de que venza, este miércoles, el plazo de 15 días otorgado por la Fiscalía para responder un requerimiento compuesto por 20 preguntas.
La defensa del exjefe de Gabinete argumentó que todavía no pudo acceder a determinados elementos incorporados al expediente y solicitó que el plazo quede suspendido hasta poder analizarlos. El planteo deberá ser resuelto por el juez Ariel Lijo.
Entre la documentación a la que pretende acceder se encuentra parte del contenido extraído del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una propiedad vinculada con Adorni en el country Indio Cuá. El pedido de la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, está limitado a los archivos relacionados con esas obras y con el vínculo entre Tabar y el exfuncionario.
El teléfono fue entregado voluntariamente por el contratista y sometido a una extracción forense que incluyó conversaciones, llamadas y documentación. Según la defensa, ese material resulta necesario para contestar algunos de los interrogantes planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita.
El requerimiento surgió luego de un análisis realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) sobre declaraciones juradas, información bancaria, antecedentes fiscales y movimientos patrimoniales de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
De acuerdo con el documento judicial citado en la investigación, el estudio detectó “inconsistencias” entre determinados incrementos patrimoniales, adquisiciones y gastos y los ingresos lícitos comprobados hasta ese momento. El informe no estableció una cifra concreta de un eventual desbalance patrimonial.
La pesquisa busca reconstruir la evolución económica del grupo familiar desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para ello fueron examinados bienes, inversiones, disponibilidades, créditos, deudas, gastos, transferencias, consumos y operaciones realizadas tanto en pesos como en moneda extranjera.
Entre las 20 explicaciones requeridas figura el origen de los dólares en efectivo declarados por Adorni, además de dos préstamos familiares atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. La Fiscalía también pidió documentación sobre la compra de un Jeep, la adquisición del lote 380 en el country Indio Cuá y el financiamiento de las obras realizadas allí.
Uno de los puntos centrales corresponde a los US$245.000 que, según declaró Tabar, recibió por la remodelación integral de esa vivienda. Pollicita solicitó que Adorni identifique el origen de los fondos y presente recibos u otros elementos que permitan respaldar los pagos.
También existen preguntas sobre otra propiedad ubicada en Miró 550, la compra de muebles abonados presuntamente en dólares y efectivo, viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, gastos escolares y operaciones realizadas a través de terceros.
Otro capítulo de la investigación se concentra en las criptomonedas. La Fiscalía pretende que Adorni detalle su operatoria y acredite especialmente el origen de los US$200.000 que afirmó haber destinado inicialmente a inversiones en bitcoin. En su declaración jurada de 2025, el exfuncionario había informado ingresos provenientes de la venta de criptomonedas y un patrimonio superior a los $944 millones.
Mientras la defensa aguarda una respuesta sobre el acceso al material y la extensión del plazo, el requerimiento original continúa con vencimiento previsto para este miércoles. La investigación permanece en etapa de instrucción y las observaciones realizadas hasta ahora forman parte de las medidas destinadas a determinar si la evolución patrimonial cuenta con respaldo documental suficiente.
Con información de TN y Ámbito.