Cambio de época: las decisiones con las que Passalacqua busca mostrar que el cambio es real
La destitución de un subsecretario que conducía alcoholizado una camioneta oficial es el tercer episodio de 2026 que termina con un funcionario fuera del Gobierno de Misiones. Más allá de los discursos sobre transparencia y austeridad, Hugo Passalacqua parece decidido a demostrar que las reglas también alcanzan a quienes forman parte de su administración.
En la política argentina, los funcionarios suelen sobrevivir a sus propios escándalos. A veces basta una explicación poco convincente, unos días de silencio o la protección de algún dirigente influyente para que todo continúe como si nada hubiera ocurrido. Por eso, cuando un gobernador decide apartar a un integrante de su equipo después de una conducta incompatible con la función pública, la noticia no es solamente la destitución. Es también el mensaje que transmite al resto del poder.
Hugo Passalacqua está construyendo ese mensaje en Misiones. Y lo está haciendo con decisiones, no solamente con declaraciones.
El último episodio tiene como protagonista a Joaquín Montenegro, hasta ahora subsecretario de Coordinación General de Gabinete. El domingo 1 de noviembre, a las seis de la mañana, fue interceptado en un control de tránsito en Oberá mientras conducía una Toyota Hilux perteneciente al Estado provincial. El resultado de la alcoholemia fue de 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre.
El vehículo terminó en el corralón municipal. Montenegro, fuera del Gobierno.
No hubo una larga discusión pública sobre la conveniencia de sostenerlo en el cargo. La decisión política fue apartarlo.
Y esa diferencia importa.
Cuando la responsabilidad pública deja de ser un eslogan
El caso Montenegro no aparece aislado. En febrero, Passalacqua desplazó a Karina Mabel Acosta de la Dirección de Turismo Social después de que se difundieran videos de sus vacaciones en Cancún con comentarios despectivos hacia personas de menores recursos. No solamente dejó de ser funcionaria: el Gobierno también eliminó el cargo que ocupaba.
En junio, Evelin Escalada dejó la presidencia de Silicon Misiones tras la controversia por un viaje a Miami durante el Mundial de Fútbol, en un momento en el que la austeridad y las dificultades económicas dominaban las preocupaciones de buena parte de la sociedad.
Tres episodios diferentes. Tres funcionarios que dejaron sus responsabilidades.
No corresponde equiparar la gravedad de los hechos. Conducir alcoholizado un vehículo oficial implica una infracción concreta, un riesgo para terceros y un cuestionamiento directo al uso de bienes públicos. Los otros casos estuvieron vinculados con conductas y decisiones que provocaron controversias políticas.
Pero existe un denominador común: la exposición de una conducta cuestionable tuvo consecuencias para la continuidad en el cargo.
En una administración pública, eso debería ser normal. Que todavía resulte destacable dice bastante sobre las costumbres de la política argentina.
El poder también se mide por la capacidad de poner límites
Gobernar no consiste únicamente en administrar presupuestos, inaugurar obras o anunciar programas. También significa establecer qué comportamientos son aceptables dentro de una estructura de poder y cuáles tienen consecuencias.
Un funcionario no es propietario de su cargo. Tampoco debería considerar que su pertenencia política le concede privilegios frente a las obligaciones que rigen para cualquier ciudadano.
La cuestión es especialmente evidente cuando están involucrados recursos del Estado. Una camioneta oficial no es un vehículo particular y su utilización exige responsabilidades adicionales.
Passalacqua eligió resolver ese episodio mediante el desplazamiento del funcionario.
Esa decisión tiene un efecto que trasciende a Montenegro: todos los integrantes del gabinete conocen ahora un nuevo antecedente sobre lo que puede suceder cuando una conducta individual compromete la responsabilidad institucional del Gobierno.
Y ahí aparece una de las dimensiones más relevantes de esta etapa política.
El verdadero ejercicio de autoridad no consiste en proteger a los propios a cualquier precio, sino en demostrar que pertenecer al Gobierno tampoco significa tener inmunidad frente a las consecuencias de los propios actos.
El cambio no se proclama: se demuestra
En política, la palabra cambio suele utilizarse con demasiada facilidad. Se cambia el discurso, se renuevan las consignas, se anuncian nuevas etapas y se promete que las cosas serán diferentes.
Pero modificar las prácticas de una administración es bastante más difícil que cambiar su relato.
Las decisiones sobre funcionarios son una de las pruebas más concretas porque obligan a actuar sobre el propio equipo. Allí aparecen los compromisos personales, las relaciones políticas y las resistencias internas que tantas veces terminan imponiéndose sobre las exigencias institucionales.
Por eso, desplazar a un funcionario tiene un significado distinto de cuestionar públicamente a un adversario.
Es aplicar una consecuencia dentro del espacio que uno mismo conduce.
Eso no convierte automáticamente a una administración en transparente ni demuestra que todos sus mecanismos de control funcionen correctamente. La transparencia requiere acceso a la información, rendición de cuentas y procedimientos que no dependan de la repercusión mediática de cada episodio.
Pero tampoco sería razonable ignorar las decisiones concretas cuando existen.
Las salidas de Acosta, Escalada y Montenegro permiten identificar una práctica que se repite durante 2026: frente a determinadas conductas cuestionadas, la continuidad en el Gobierno dejó de estar garantizada.
Passalacqua parece haber entendido que la credibilidad de una nueva etapa política no se construye únicamente anunciando lo que se hará, sino mostrando qué cosas ya no se está dispuesto a tolerar.
El desafío será sostener ese criterio cuando las decisiones resulten políticamente más costosas, cuando involucren a funcionarios de mayor peso o cuando no exista una controversia pública que obligue a actuar.
Porque la verdadera transformación institucional comienza cuando las reglas dejan de aplicarse por conveniencia y se convierten en una práctica permanente.
En Misiones, tres funcionarios dejaron sus cargos durante este año después de episodios que comprometieron su continuidad política. El último, por conducir alcoholizado una camioneta oficial.
La sociedad podrá juzgar el alcance de esas decisiones. Lo que ya puede observarse es que el Gobierno provincial eligió responder a esos episodios con consecuencias concretas.
Y si Passalacqua pretende demostrar que hay un cambio de época en Misiones, la señal más importante no es lo que exige de sus adversarios. Es lo que está dispuesto a exigirles a los suyos.