La renuncia de Manuel Adorni puso fin a una crisis política y mediática que se extendió durante casi tres meses y que condicionó la agenda del Gobierno.
Según el consultor Federico Aurelio (Aresco), la salida del exjefe de Gabinete representó un alivio para quienes reclamaban cambios dentro del oficialismo.
El caso Adorni afectó el discurso de renovación política de Javier Milei, ya que parte de la sociedad asoció las denuncias con prácticas tradicionales de la dirigencia.
Tras la renuncia, el Gobierno busca dejar atrás la polémica y volver a concentrar la agenda pública en la economía y la gestión.
Las mediciones de Aresco muestran que el respaldo al Gobierno se estabilizó en torno al 40% desde abril, luego de la caída registrada entre febrero y marzo.
El núcleo duro de apoyo a Milei ronda el 25%, mientras que el respaldo de los votantes más moderados cayó del 25% al 15% en los últimos meses.
Para ese sector de votantes, la continuidad del apoyo dependerá principalmente de una mejora concreta del salario, el empleo y el poder adquisitivo.
Aurelio sostiene que el principal desafío del Gobierno ya no pasa por el caso Adorni, sino por lograr que la recuperación macroeconómica llegue al bolsillo de la población.
El trabajo desplazó a la inflación como la principal preocupación de los argentinos. La inquietud gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo, la caída de la actividad económica y la estabilidad laboral.
El consultor considera que la mayoría de la sociedad no sigue de cerca las disputas internas entre dirigentes del oficialismo, sino que evalúa los resultados de la gestión.
Según el análisis, Javier Milei mantiene el liderazgo dentro de su espacio político y compite principalmente contra la evaluación que la ciudadanía haga de su propio gobierno.
La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete es interpretada como una decisión orientada a reforzar la experiencia política y administrativa del Ejecutivo.
De cara a 2027, el escenario electoral dependerá en gran medida de la evolución económica y de la capacidad del Gobierno para traducir la estabilidad macroeconómica en mejoras perceptibles para la población.
