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14 de julio de 2026
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Imputaron a un intendente de Río Negro por presunta administración fraudulenta y peculado

19 de junio de 2026

Marcelo Román, jefe comunal de Allen, Río Negro, fue imputado por presunta administración fraudulenta y peculado. La Justicia investiga la compra de un teléfono celular con fondos municipales que habría sido entregado a una persona ajena a la administración pública.

El intendente de Allen, Marcelo Román, fue imputado este jueves por los delitos de administración fraudulenta y peculado en una causa que investiga el presunto uso irregular de fondos públicos municipales. La Justicia de Río Negro fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

La acusación, impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal Celeste Benatti, sostiene que entre marzo de 2024 y julio de 2025 el jefe comunal autorizó la compra de un teléfono celular por $479.999 bajo la modalidad de servicio corporativo, cuyo abono mensual representó un gasto de $596.812,38 para el municipio.

Según la Fiscalía, el dispositivo fue entregado a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual con el municipio. Además, se indicó que el receptor del celular utilizó el aparato para impartir directivas a empleados municipales, lo que habría consolidado el uso privado de un recurso estatal.

Por estos hechos, tanto Román como el segundo involucrado fueron imputados. El jefe comunal fue acusado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, mientras que el otro imputado fue señalado como partícipe necesario.

La investigación cuenta con más de 35 entrevistas, informes contables, documentación municipal y pericias realizadas tras allanamientos en dependencias comunales.

Por su parte, la defensa del intendente solicitó que no se formularan cargos y pidió que también se imputara a la entonces secretaria de Hacienda.

La causa se desarrolla en medio de una fuerte crisis política en Allen. En mayo pasado, vecinos de la ciudad presentaron más de 3.000 firmas para impulsar la revocatoria del mandato de Román, a quien acusan de una deficiente prestación de los servicios públicos y de una gestión que generó un creciente malestar entre los habitantes.

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