Martes
14 de julio de 2026
14 de julio de 2026
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca verificar las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el origen de su patrimonio y sus operaciones con criptomonedas.
Entre las primeras actuaciones, el representante del Ministerio Público solicitó una copia sin editar de la entrevista que Adorni concedió a LN+, donde explicó que incorporó más de 500.000 dólares en activos digitales a su declaración jurada.
Según sostuvo el funcionario, había invertido unos 200.000 dólares en Bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares, que posteriormente quedaron reflejadas en una rectificación de su declaración patrimonial.
La fiscalía pidió a la Comisión Nacional de Valores información sobre las plataformas, exchanges, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos digitales que operaron en el país desde 2012.
Además, solicitó un informe técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin y ordenó a la División Antifraude de la Policía Federal un relevamiento de publicaciones, entrevistas y videos en los que Adorni haya realizado declaraciones relacionadas con criptomonedas.
La investigación se profundizó luego de que comenzaran a circular videos anteriores del funcionario en los que se mostraba escéptico respecto del Bitcoin y aseguraba no estar familiarizado con ese mercado.
Las medidas ordenadas por Pollicita también abarcan movimientos vinculados al entorno familiar del jefe de Gabinete.
En ese marco, se requirió información sobre propiedades y registros de ingreso en el Golf Club Indio Cua, donde Adorni alquiló y posteriormente compró una vivienda.
Asimismo, se solicitó información sobre una eventual residencia de su madre, Silvia Pais, en el barrio privado Fincas de Iraola II, en La Plata.
La ANSES deberá aportar la historia laboral del funcionario y de su pareja, Bettina Angeletti, desde 2012, mientras que también se pidió información sobre la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario.
Por otra parte, el fiscal requirió datos sobre la causa que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, para determinar si existe algún vínculo entre ambos expedientes.
Otra línea de investigación se abrió a partir del análisis del teléfono celular de Matías Tabar, un contratista que afirmó haber cobrado en negro por trabajos realizados en una vivienda relacionada con Adorni.
De ese peritaje surgió una compra superior a los 8 millones de pesos en una tienda de blanquería. La factura fue emitida a nombre de Gisela Kocsis, empleada de planta del Gobierno.
Ante esta situación, la fiscalía solicitó a la firma Rosen The Store toda la documentación vinculada con la operación, incluyendo la modalidad de pago, la entrega y el destino de los productos.
Las declaraciones juradas del funcionario ya fueron incorporadas al expediente y serán analizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Una vez concluido ese trabajo, el fiscal podría convocar a Adorni para que brinde explicaciones.
