Santiago Peña pidió 72 horas para defenderse en el juicio político mientras su propio partido frenó el tratamiento de su renuncia
El presidente paraguayo renunció acorralado por la caída de ueno bank, pero sigue formalmente en el cargo. Ahora reclama garantías de debido proceso ante un Senado que le dio menos de 12 horas para responder, en un país que destituyó a Fernando Lugo en un juicio exprés impulsado por el Partido Colorado.
El juicio político a Santiago Peña sumó un nuevo capítulo. El presidente de Paraguay envió una nota al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, en la que pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, designar un abogado de confianza y ofrecer pruebas. El Senado, constituido como tribunal, lo había citado a comparecer este viernes a las 10.
Según la nota difundida por el diario ABC Color, Peña recibió la notificación N° 4217 el jueves 5 de noviembre a las 22.15, junto con un libelo acusatorio de 15 páginas y anexos que suman unas 300 fojas. En su argumentación sostuvo que, como el procedimiento puede terminar en una sanción, deben garantizarse las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la defensa.
“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas”.
La respuesta del titular del Congreso llegó rápido. Núñez sostuvo ante la prensa que lo más conveniente sería tratar y resolver la renuncia del mandatario en lugar de prolongar el proceso, una señal de que la prórroga no tiene respaldo asegurado.
Una renuncia que nadie terminó de aceptar
Peña presentó su renuncia el jueves por la tarde, en medio del escándalo por la intervención de ueno bank, la entidad en cuya sociedad controlante había invertido y de la que vendió su participación en marzo de 2025. Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos impulsar el juicio político en su contra. Antes, había rechazado someter al mismo procedimiento al vicepresidente Pedro Alliana, aliado del expresidente Horacio Cartes y eventual reemplazante de Peña.
Después se convocó a una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la renuncia, pero quedó sin quórum por el retiro de los legisladores del Partido Colorado, la fuerza del propio Peña. Con la dimisión sin aceptar, el mandatario sigue formalmente en el cargo y el Senado avanzó con el juicio: designó a los diputados que sostendrán la acusación y fijó la comparecencia. Para la destitución hacen falta dos tercios de los 45 senadores, es decir, 30 votos.
Entre las acusaciones figuran presuntos conflictos de intereses vinculados con Ueno Holding, cuestionamientos al nombramiento de autoridades del Banco Central del Paraguay y la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad intervenida, donde quedaron atrapados depósitos de jubilados y de organismos públicos.
El reclamo de Peña por los plazos tiene un antecedente que pesa en la política paraguaya. En junio de 2012, el Partido Colorado, junto a sus aliados en el Congreso, impulsó el juicio político contra Fernando Lugo, que fue destituido en un procedimiento que se resolvió en poco más de un día y que el entonces presidente denunció como una violación al derecho de defensa. Catorce años después, el presidente colorado invoca esas mismas garantías ante un Senado que le da todavía menos tiempo.
Mientras tanto, la crisis se trasladó a la calle. Miles de personas se movilizaron durante la noche en el centro de Asunción para reclamar por sus ahorros congelados, y el Banco Central aseguró que los depósitos se devolverán de manera progresiva. En paralelo, el exCEO de ueno bank y sus principales exdirectivos fueron enviados a prisión. Del otro lado de la frontera, el Gobierno de Javier Milei, que tenía en Peña a uno de sus principales socios regionales, mantuvo silencio sobre la renuncia.
Con información de ABC Color y El Financiero.