El Gobierno de La Rioja denunció a la administración de Javier Milei por el presunto uso irregular de más de $1 billón correspondiente al Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos destinados a financiar obras viales. La provincia se constituyó como querellante en la causa y aportó documentación para que la Justicia investigue el destino de los fondos.
La presentación fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela con el patrocinio del abogado y dirigente peronista Jorge Yoma, exdiputado y exsenador nacional. La denuncia alcanza al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales.
El planteo solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, además de cualquier otra figura que pudiera surgir durante la investigación.

La causa busca determinar qué ocurrió con los recursos del SisVial que debían destinarse a infraestructura caminera. Según la información difundida, una parte de esos fondos permanecería colocada en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos.
La controversia sobre el destino del dinero tomó mayor dimensión a partir de declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien durante un encuentro realizado en La Pampa señaló que una parte de esas partidas era destinada al equilibrio fiscal.
A través de su cuenta en X, Yoma informó que La Rioja presentó documentación y otros elementos relacionados con el “grave perjuicio” que, según la denuncia, produjo la paralización de obras viales consideradas estratégicas tanto para la provincia como para el país.
Entre los proyectos mencionados aparece el Corredor Bioceánico, que vincula La Rioja y Chilecito con el paso internacional de Pircas Negras hacia Chile. Yoma lo definió como una “obra de interés estratégico para el país”.
La presentación riojana se suma a una denuncia penal realizada previamente por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, también relacionada con el presunto manejo irregular de recursos destinados a infraestructura vial.
La investigación deberá establecer ahora cuál fue el destino efectivo de los fondos del SisVial, si existieron irregularidades en su utilización y qué responsabilidades, en caso de corresponder, tuvieron los funcionarios señalados en las presentaciones judiciales.