Myanmar fue declarado responsable de genocidio: los alcances y límites de la sentencia de la ONU
El tribunal de Naciones Unidas adoptó la decisión por nueve votos contra seis y estableció un precedente en materia de responsabilidad internacional de los Estados. También determinó que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio, aunque descartó la acusación de incitación pública.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves 19 de noviembre de 2026 que el Estado de Myanmar es responsable de genocidio contra la minoría étnica musulmana rohingya, asentada principalmente en el norte del estado de Rakáin.
La decisión fue adoptada por nueve votos a favor y seis en contra y constituye la primera sentencia en la que este tribunal establece la responsabilidad de un Estado por genocidio.
La Corte también determinó, mediante una votación de nueve contra seis, que Myanmar incumplió su obligación internacional de prevenir actos de genocidio cometidos por particulares que actuaron en colaboración con sus fuerzas de seguridad.
En cambio, por 14 votos contra uno, los magistrados concluyeron que no se configuró la responsabilidad estatal por incitación pública al genocidio.
El alcance jurídico de la sentencia
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y tiene competencia para resolver controversias jurídicas entre Estados.
En este caso, el tribunal examinó la responsabilidad internacional de Myanmar por los hechos cometidos contra la población rohingya.
La sentencia constituye un reconocimiento jurídico de que los acontecimientos investigados configuraron genocidio y de que el Estado incumplió obligaciones internacionales vinculadas con su prevención.
Sin embargo, la resolución no equivale a una condena penal contra funcionarios o militares individuales.
La CIJ no tiene competencia para imponer penas de prisión a personas físicas y tampoco cuenta con un mecanismo propio de ejecución de sus sentencias.
La Corte Penal Internacional (CPI), en cambio, tiene atribuciones para investigar y juzgar la responsabilidad penal individual por determinados crímenes internacionales.
Las consecuencias para Myanmar y los procesos internacionales
La corresponsal de BBC News Anna Holligan explicó que el fallo representa un reconocimiento internacional formal para los sobrevivientes rohingyas y para las personas desplazadas que permanecen en Bangladesh.
No obstante, señaló que la resolución no garantiza por sí sola el retorno seguro de los refugiados ni implica el encarcelamiento de los mandos militares responsables de las operaciones investigadas.
La decisión podría adquirir relevancia en otros procedimientos penales y fortalecer las solicitudes dirigidas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para promover el cumplimiento de la sentencia.
Las consecuencias concretas dependerán de las actuaciones posteriores de los organismos internacionales y de los Estados involucrados.
La persecución de la población rohingya
Los rohingyas constituyen una minoría étnica musulmana asentada principalmente en el estado de Rakáin, dentro de Myanmar, un país de mayoría budista.
Durante décadas enfrentaron restricciones legales, discriminación y episodios de violencia. La legislación de Myanmar les niega el reconocimiento de ciudadanía, lo que los convirtió en una de las poblaciones apátridas más numerosas del mundo.
En 2017, las Fuerzas Armadas de Myanmar desarrollaron operaciones contra comunidades rohingyas, respaldadas por grupos budistas locales.
Durante esas acciones se registraron incendios de aldeas, asesinatos de civiles y desplazamientos forzados.
Según estimaciones de Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohingyas murieron durante el primer mes de violencia, incluidos 730 niños menores de cinco años.
Más de 700.000 personas huyeron hacia Bangladesh durante aquella crisis.
Amnistía Internacional también denunció violaciones y abusos sexuales cometidos por integrantes del Ejército contra mujeres y niñas rohingyas.

La situación de los refugiados en Bangladesh
Las sucesivas oleadas de persecución obligaron a casi dos millones de rohingyas a abandonar Myanmar a lo largo de las décadas.
Actualmente, más de un millón de personas desplazadas permanecen en campos de refugiados en Bangladesh.
La ONU ha caracterizado a esta comunidad como una de las minorías más perseguidas del mundo.
La sentencia de la CIJ establece la responsabilidad internacional del Estado, pero no resuelve automáticamente las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad necesarias para el regreso de la población refugiada.
El papel de Aung San Suu Kyi y las Fuerzas Armadas
La resolución también tiene implicaciones para la evaluación histórica del gobierno de Aung San Suu Kyi, quien encabezaba la administración civil de Myanmar cuando ocurrieron la mayoría de los hechos examinados por el tribunal.
La dirigente, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1991, asumió personalmente la defensa jurídica inicial del Estado ante la Corte Internacional de Justicia.
Según informó Jonathan Head, corresponsal de BBC News en el sudeste asiático, Suu Kyi ejercía un control limitado sobre las Fuerzas Armadas, pero no condenó públicamente las operaciones militares contra los rohingyas.
Durante aquel período cuestionó las informaciones difundidas sobre la violencia y denunció la existencia de desinformación.
El comandante militar Min Aung Hlaing, señalado por haber ordenado las operaciones contra esta minoría, posteriormente derrocó al gobierno de Suu Kyi y dispuso su encarcelamiento.
La sentencia de la CIJ se refiere a la responsabilidad del Estado de Myanmar y no determina la culpabilidad penal individual de la exdirigente.
Reacciones de organizaciones internacionales
Human Rights Watch consideró que la decisión representa un reconocimiento esperado durante años por las víctimas de los abusos cometidos por el Ejército de Myanmar.
María Elena Vignoli, asesora jurídica especializada en Justicia Internacional, sostuvo que el fallo establece un precedente relevante para víctimas de genocidio y otros crímenes graves que buscan justicia.
Las organizaciones destacaron el valor jurídico y simbólico de la sentencia, aunque persisten interrogantes sobre los mecanismos para garantizar su cumplimiento.
Un precedente sobre responsabilidad estatal por genocidio
La sentencia introduce un antecedente en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia al establecer, por primera vez, la responsabilidad de un Estado por genocidio.
El pronunciamiento también diferencia entre la comisión del crimen, el incumplimiento de la obligación de prevenirlo y la acusación de incitación pública, que fue descartada por el tribunal.
El alcance de la decisión deberá analizarse a partir de sus consecuencias jurídicas y diplomáticas, así como de las eventuales actuaciones de otros organismos internacionales.
Mientras tanto, la situación humanitaria de la población rohingya desplazada continúa siendo uno de los principales asuntos pendientes.
Con información de BBC News Mundo
