Marcela Pagano denunció penalmente el traslado de Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú
La diputada nacional acudió a la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen posibles delitos vinculados con el traslado del senador brasileño, quien tenía prohibido abandonar su país. Pidió preservar cámaras de seguridad, registros migratorios, planes de vuelo y documentación del avión privado.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para investigar las circunstancias en las que el senador brasileño Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y posteriormente abandonó el país en un avión privado, pese a la prohibición judicial de salir de Brasil.
La presentación, dirigida al fiscal federal de Puerto Iguazú, solicita investigar la posible comisión de delitos vinculados con el tráfico ilegal de personas en tránsito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El escrito se refiere a los acontecimientos ocurridos entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre, cuando Bolsonaro habría utilizado territorio argentino para concretar su salida internacional.
La denuncia busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y aeroportuarios, y si funcionarios argentinos participaron o facilitaron el desplazamiento.
Las pruebas que Pagano pidió preservar
La legisladora solicitó medidas urgentes para evitar la pérdida de documentación y registros que permitan reconstruir el recorrido del senador brasileño.
Entre los elementos requeridos figuran las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, y del aeropuerto internacional de esa ciudad misionera.
También pidió conservar los planes de vuelo, la nómina de pasajeros, el contrato del servicio aéreo privado y los registros de los organismos que intervinieron en los controles.
La presentación solicita, además, dar intervención a Interpol, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las autoridades competentes en materia de cooperación penal con Brasil.
El objetivo es establecer si el traslado se desarrolló conforme a los procedimientos legales o si existieron mecanismos excepcionales para facilitar la salida del dirigente.
Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que “nunca ingresó”.
Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado.
Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta.
Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles.— Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026
Las contradicciones oficiales y el reclamo al Gobierno
A través de su cuenta de X, Pagano cuestionó las primeras versiones oficiales que negaban el ingreso de Bolsonaro a territorio argentino.
“Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, expresó.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador brasileño había cruzado la frontera acompañado por su esposa y sus dos hijas, y que la familia abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.
La confirmación oficial convirtió la secuencia de los controles fronterizos y aeroportuarios en uno de los puntos centrales de la controversia.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, afirmó la diputada.
La presentación de Pagano se suma al pedido de interpelación del canciller Pablo Quirno impulsado por el diputado Pablo Juliano, quien presentó un cuestionario de 91 preguntas para esclarecer la eventual participación de funcionarios nacionales.
La denuncia penal no implica que los delitos mencionados estén acreditados. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante el ingreso, permanencia y salida de Bolsonaro y si existieron responsabilidades de agentes del Estado argentino.