Miércoles
7 de octubre de 2026
7 de octubre de 2026
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó este viernes al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales con el objetivo de resguardar los derechos de Misiones sobre su territorio, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que derivó en la vigencia de la derogación de la Ley N.º 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado por el mandatario provincial.
Passalacqua sostuvo que la medida responde a la postura de su gobierno en defensa del territorio y los recursos naturales de la provincia.
“Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó.
Además, calificó la protección de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente” y anticipó que las acciones serán impulsadas “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”.
El Decreto N.º 1935 señala que el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023 derogó la Ley N.º 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.
Según los fundamentos del Ejecutivo provincial, el reciente pronunciamiento judicial dejó vigente esa disposición y generó una situación de desprotección legal frente a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
El Gobierno de Misiones sostiene que ese escenario impacta sobre la autonomía y soberanía territorial de la provincia, sus recursos naturales, las finanzas públicas y el entramado económico y social.
El decreto también plantea que la modificación de las reglas sobre la propiedad rural alcanza sectores considerados estratégicos para el desarrollo provincial y puede tener consecuencias sobre la integridad territorial y cuestiones vinculadas con la seguridad provincial y municipal.
A partir de esos argumentos, el Ejecutivo decidió avanzar por la vía judicial y encomendó a la Fiscalía de Estado la defensa de los intereses provinciales.
La decisión incorpora así el conflicto por la derogación de la Ley de Tierras a la agenda judicial entre Misiones y el Estado nacional, con el territorio y el control sobre la propiedad rural como eje central de la disputa.
