Lunes
21 de septiembre de 2026
21 de septiembre de 2026
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió a la Legislatura provincial un proyecto que crea el “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, una iniciativa que propone beneficios fiscales para entidades financieras a cambio de mejores condiciones de refinanciación y recursos destinados a promover el consumo local.
El esquema contempla dos programas vinculados. El primero apunta a facilitar la reorganización de las deudas familiares, mientras que el segundo busca canalizar recursos hacia promociones en comercios de San Luis. Según los fundamentos del proyecto, la reducción de las cuotas permitiría liberar ingresos de los hogares que podrían destinarse al consumo.
Al Programa de Incentivo al Consumo Familiar podrán incorporarse entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fintech y otras instituciones comprendidas en la iniciativa, aunque deberán haberse adherido previamente al programa de desendeudamiento.
Los planes podrán contemplar descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades que determine la reglamentación. Las promociones deberán representar una mejora efectiva respecto de los beneficios promedio ofrecidos por cada entidad durante el último año.
A cambio, las instituciones podrán obtener un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente destinado a los estímulos al consumo. El beneficio será nominativo e intransferible y solamente podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales de la propia entidad.
El proyecto establece además límites para los recursos comprometidos. El piso será equivalente a los impuestos provinciales devengados durante los dos meses anteriores a la solicitud de adhesión, mientras que el máximo podrá alcanzar el monto correspondiente a los 12 meses previos.
La concesión del crédito fiscal deberá realizarse mediante decreto del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la autoridad de aplicación. El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas y la fiscalización de su cumplimiento.
La iniciativa también prevé la caducidad de los beneficios ante información falsa o incumplimientos de los requisitos establecidos. En esos casos, las entidades deberán abonar los tributos no ingresados junto con los intereses, recargos y sanciones correspondientes.
El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento de la Legislatura de San Luis. De ser sancionado, el régimen tendrá una vigencia inicial de un año desde su publicación en el Boletín Oficial, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
