Zdero presentó su proyecto en la Legislatura el pasado 1° de marzo.
La propuesta de reforma constitucional presentada por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, para brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones privadas atraviesa un escenario de estancamiento político en la Legislatura provincial.
La iniciativa, anunciada por el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, buscaba incorporar garantías constitucionales para proteger a los inversores frente a aumentos impositivos, cambios normativos y eventuales medidas que afecten la estabilidad de los proyectos productivos.
Sin embargo, a más de tres meses de su presentación, el proyecto no logró reunir los consensos necesarios para avanzar en el tratamiento legislativo.
El principal obstáculo radica en el mecanismo previsto por la Constitución chaqueña para aprobar una enmienda constitucional.
La normativa vigente exige el respaldo unánime de los 32 diputados que integran la Legislatura provincial, una condición que obliga al oficialismo a alcanzar acuerdos con la oposición peronista.
Desde el espacio que responde al exgobernador Jorge Capitanich manifestaron reparos desde el inicio de la discusión y sostienen que el proyecto perdió impulso dentro de la agenda parlamentaria.
Incluso referentes legislativos reconocen que las posibilidades de aprobación son actualmente muy reducidas.
El proyecto impulsado por Zdero busca incorporar un nuevo artículo a la Constitución provincial para garantizar estabilidad jurídica y fiscal a las inversiones productivas radicadas en Chaco.
Entre otros puntos, establece la promoción activa de inversiones mediante reglas de previsibilidad normativa, igualdad ante la ley y protección frente a medidas consideradas arbitrarias.
La propuesta también reconoce a la inversión privada como un factor clave para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la prohibición de crear nuevos impuestos provinciales o municipales que afecten directamente a las inversiones alcanzadas por la norma.
Asimismo, impediría incrementar alícuotas o modificar bases imponibles sobre actividades protegidas por el régimen.
El texto contempla excepciones vinculadas a eventuales transferencias de potestades tributarias desde la Nación hacia las provincias, siempre que no impliquen una duplicación de la carga fiscal existente.
Además, establece que cualquier tributo creado en violación de estas disposiciones sería considerado nulo de pleno derecho y obligaría al Estado a devolver de manera inmediata los montos percibidos.
La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia económica impulsada por el gobierno provincial y alineada con las políticas de promoción de inversiones promovidas por la administración nacional.
Chaco fue una de las primeras provincias en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y la reforma constitucional buscaba reforzar ese perfil orientado a atraer capitales privados.
Sin embargo, la falta de acuerdos políticos mantiene la propuesta paralizada y sin perspectivas inmediatas de tratamiento.
Mientras tanto, la agenda legislativa provincial se concentra en otros proyectos impulsados por el oficialismo, relegando una reforma que había sido presentada como una de las principales apuestas institucionales de la gestión de Zdero.
con información de Infobae