La disputa judicial por la reforma laboral sumó un giro clave en las últimas horas. Una jueza federal resolvió que la causa iniciada por la CGT contra el Estado nacional no debe tramitarse en la Justicia laboral, sino en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
La decisión desplaza al Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había dictado una medida cautelar suspendiendo 83 artículos de la ley, y redefine quién tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la norma.
El planteo de la CGT busca declarar inconstitucional una serie de modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, incluyendo condiciones salariales, representación sindical y mecanismos indemnizatorios.
Sin embargo, el Estado nacional sostuvo que el caso debe resolverse en la justicia federal, ya que se trata de una discusión sobre políticas públicas y actos del Estado, no de conflictos laborales individuales. Ese criterio fue finalmente convalidado por la jueza Macarena Marra Giménez.
El fallo establece que los tribunales laborales no son competentes para analizar la validez de normas generales dictadas por el Estado, consolidando un criterio más restrictivo sobre su intervención en este tipo de litigios.
Ahora, el expediente será remitido al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se definirá el futuro de la cautelar que mantiene suspendidos artículos clave de la reforma. La Casa Rosada apuesta a que en esta instancia se revierta esa decisión y avance la implementación de la ley.