El Gobierno nacional prepara un nuevo paquete de desregulaciones que alcanzaría a distintas actividades económicas, profesionales y productivas. El borrador fue elaborado bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y todavía no fue presentado formalmente en el Congreso.
El texto tiene 144 páginas y propone modificar o derogar un amplio conjunto de normas vinculadas con el corretaje inmobiliario, la venta de medicamentos, el gas licuado de petróleo, la actividad editorial, la navegación, el mercado financiero y distintos sectores agropecuarios.
Uno de los primeros capítulos apunta a flexibilizar el régimen de corretaje. En caso de aprobarse, para ejercer como corredor inmobiliario alcanzaría con ser mayor de edad y contar con estudios secundarios completos, sin necesidad de poseer un título universitario de Martillero y Corredor Público.
La iniciativa también permitiría desarrollar la actividad mediante plataformas digitales y prohibiría establecer aranceles mínimos, máximos o sugeridos. Las comisiones y honorarios quedarían sujetos al acuerdo entre las partes.
Otro de los ejes es la desregulación del mercado del gas licuado de petróleo, utilizado principalmente en garrafas y cilindros. El proyecto propone derogar el actual régimen regulatorio y limitar la intervención del Estado a cuestiones de seguridad técnica.
De prosperar la reforma, el Gobierno dejaría de regular precios, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. El valor de las garrafas quedaría determinado principalmente por la oferta y la demanda.
El borrador también plantea eliminar el sistema de precio uniforme de venta al público de los libros. La modificación permitiría que supermercados, grandes cadenas y otros comercios apliquen descuentos sin las restricciones previstas por la legislación vigente.
La Cámara Argentina del Libro manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió que el precio único funciona como una herramienta de protección para las librerías independientes y las editoriales pequeñas frente a la concentración del mercado.
Además, el proyecto propone derogar la norma que exige que las películas, series y otros contenidos extranjeros emitidos por televisión sean doblados en la Argentina por profesionales locales. De esa manera, el trabajo podría realizarse en cualquier país.
En el sector farmacéutico, la reforma eliminaría la exclusividad de las farmacias para vender medicamentos de venta libre. Esos productos podrían comercializarse en supermercados, kioscos y otros establecimientos.
Las farmacias también quedarían habilitadas para vender medicamentos con receta o de venta libre mediante páginas web, aplicaciones y plataformas digitales. La iniciativa permite además la entrega a domicilio y el uso de servicios de terceros para la logística, el pago y la exhibición de productos.
El paquete incorpora modificaciones para las actividades agropecuarias. Entre ellas, elimina la obligación de que determinados productos veterinarios importados comiencen a fabricarse en el país dentro de un plazo establecido para conservar su autorización.
También propone suprimir las contribuciones obligatorias destinadas a financiar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El organismo pasaría a sostenerse mediante aportes voluntarios, donaciones, certificaciones y servicios comerciales.
En materia de arrendamientos rurales, el texto plantea derogar las leyes que regulan los contratos de alquiler y aparcería de campos. Los nuevos acuerdos quedarían regidos por la autonomía de las partes y por el Código Civil y Comercial.
La iniciativa también modifica los controles sobre la producción de vinos y alcoholes, con una simplificación de inspecciones, nuevas prácticas enológicas y cambios en el régimen de sanciones.
Otro punto relevante es la derogación de la ley que creó la Corporación Vitivinícola Argentina. La COVIAR debería presentar un informe de cierre, rendir cuentas y avanzar con su liquidación en un plazo de dos meses. Los recursos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El proyecto también propone habilitar a buques extranjeros para transportar pasajeros y cargas entre puertos argentinos, mediante la eliminación de la reserva de cabotaje que beneficia a las embarcaciones de bandera nacional.
Además, flexibiliza los requisitos sobre la composición de las tripulaciones, reduce aranceles para la importación de determinadas embarcaciones y digitaliza la documentación vinculada con el transporte marítimo.
La parte más extensa del borrador está destinada al mercado financiero. Allí se reconocen contratos inteligentes, registros distribuidos, activos virtuales y herramientas basadas en tecnología blockchain.
También se incorporan cambios para prendas, garantías, warrants, fideicomisos, pagarés, letras y distintos instrumentos del mercado de capitales. El objetivo declarado es facilitar las operaciones digitales, ampliar la neutralidad tecnológica y reducir requisitos administrativos.
El anteproyecto cuenta con el respaldo político de la Casa Rosada, pero su contenido todavía puede sufrir modificaciones antes de ser enviado al Poder Legislativo. En caso de avanzar, abrirá un nuevo debate con los sectores alcanzados por las reformas.