Lunes
24 de agosto de 2026
24 de agosto de 2026
El Gobierno nacional ultima una reforma integral del mercado de capitales y busca enviarla a la Cámara de Diputados después de la sesión prevista para este miércoles. La intención de la Casa Rosada es iniciar su tratamiento durante septiembre, antes de que la discusión del Presupuesto 2027 concentre buena parte de la agenda legislativa.
Los equipos técnicos todavía trabajan sobre la redacción definitiva de la iniciativa, que fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Si los tiempos parlamentarios no permiten completar el tratamiento antes del Presupuesto, en el Ejecutivo contemplan que ambas discusiones puedan avanzar en paralelo.
El proyecto quedó entre las prioridades definidas por la mesa política del Gobierno después de las tensiones surgidas alrededor de otras iniciativas impulsadas por el área de Desregulación. El objetivo oficial es revisar con anticipación la viabilidad parlamentaria de cada reforma y evitar que las resistencias sobre determinados capítulos bloqueen el avance de otros cambios.
La propuesta forma parte del paquete financiero anunciado por el presidente Javier Milei a fines de julio. Según el planteo del Ejecutivo, la reforma apunta a ampliar el mercado financiero argentino, facilitar el acceso de empresas y pymes al crédito y generar nuevos instrumentos para canalizar ahorro privado hacia inversiones.
El borrador contempla una modificación amplia de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y cambios vinculados con financiamiento productivo, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, financiamiento colectivo y derivados.
Uno de los principales ejes es la incorporación de un marco legal más amplio para la representación digital de valores negociables. La propuesta permitiría que acciones, obligaciones negociables y otros instrumentos puedan emitirse, registrarse, transferirse y negociarse mediante tecnologías de registros distribuidos, bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También se analizan mecanismos para simplificar los procedimientos de oferta pública. La CNV podría establecer regímenes de autorización automática según el tipo de emisor, instrumento, monto o perfil de los inversores. Para determinadas operaciones que requieran aprobación expresa, el borrador prevé además plazos específicos para que el organismo se pronuncie.
Otro capítulo busca profundizar la separación entre el patrimonio de los agentes financieros y los activos pertenecientes a sus clientes. Los fondos, valores negociables y activos virtuales administrados por intermediarios registrados deberían mantenerse en cuentas diferenciadas y no podrían ser utilizados para operaciones propias. Tampoco integrarían, según el anteproyecto, la masa de una eventual quiebra del agente.
La reforma incluye además cambios para ampliar la negociación digital de facturas de crédito, cheques, pagarés, warrants y otros instrumentos comerciales. En determinados casos se permitiría la negociación directa entre las partes mediante plataformas específicas, sin intervención obligatoria de un agente registrado ante la CNV, aunque esos sistemas quedarían sujetos a requisitos del Banco Central y a normas antilavado.
El financiamiento colectivo también aparece entre los sectores alcanzados. El proyecto contempla alternativas para que empresas y emprendimientos puedan obtener recursos mediante deuda o participación en el capital y prevé un régimen simplificado que quedaría bajo supervisión de la CNV.
En materia de fondos comunes de inversión, la iniciativa analiza permitir representaciones digitales de cuotapartes y ampliar los activos en los que puedan invertir determinados fondos, incluidos activos virtuales bajo regulación. Para las obligaciones negociables, se prevén reglas sobre emisiones denominadas en moneda extranjera, unidades de valor o índices.
La propuesta se vincula con la estrategia oficial de incorporar una mayor cantidad de ahorro privado al sistema financiero, aunque se trata de una iniciativa separada del proyecto denominado Inocencia Fiscal. El planteo del Gobierno es que las modificaciones tributarias faciliten la formalización de fondos y que la reforma del mercado de capitales genere posteriormente más alternativas para canalizarlos hacia inversiones.
La versión definitiva todavía podría sufrir modificaciones. El anteproyecto original incluía reformas sobre numerosos sectores y la mesa política resolvió dividirlo en distintas iniciativas para evitar que el rechazo a un capítulo impida el tratamiento del resto. Los cambios vinculados con seguros, corretaje inmobiliario, cabotaje, farmacias y otras actividades tendrán cronogramas separados.
La próxima definición se produciría después de la sesión de este miércoles. Si el Gobierno logra completar esa etapa de la agenda parlamentaria, buscará enviar el proyecto del mercado de capitales y comenzar su discusión en septiembre, con la intención de darle prioridad antes del debate central del Presupuesto 2027.
Con información de TN.
