El modelo de conservación de Misiones llega al Senado: Argentina podría generar hasta US$ 3.900 millones anuales con los mercados de carbono
Este jueves se debatirá un proyecto que incorpora la iniciativa de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. La propuesta busca convertir la preservación de bosques y la reducción de emisiones en activos comercializables internacionalmente, bajo un marco regulatorio nacional que respete las competencias provinciales.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves 29 de octubre una ley para regular los mercados de carbono en Argentina, un mecanismo que podría generar exportaciones por entre 1.400 y 3.900 millones de dólares anuales, según estimaciones privadas. El debate incluye una propuesta impulsada desde Misiones, provincia que ya desarrolló un sistema para otorgar valor económico a la conservación de sus bosques nativos.
El dictamen reúne iniciativas de los senadores Flavia Royón, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Jorge Capitanich. Su objetivo es establecer reglas para la certificación, titularidad y comercialización de créditos de carbono, además de facilitar inversiones vinculadas con la reducción de emisiones y la preservación ambiental.
La discusión adquiere especial relevancia para Misiones, que desde 2021 desarrolla un programa jurisdiccional de créditos de carbono basado en la protección de la Selva Paranaense. La provincia ya cuenta con más de 10,9 millones de créditos certificados correspondientes al período 2017-2022, bajo estándares internacionales administrados por Verra.
De conservar la selva a generar divisas
El mecanismo permite que proyectos capaces de reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero generen créditos comercializables. Cada crédito representa, generalmente, una tonelada de dióxido de carbono equivalente cuya emisión fue evitada o removida de la atmósfera.
Empresas y organizaciones pueden adquirir esos certificados para compensar emisiones, de acuerdo con las reglas del mercado correspondiente.
A diferencia de las exportaciones tradicionales, los créditos de carbono se comercializan mediante registros y transferencias, sin necesidad de transportar mercaderías físicas.
El dirigente Alejandro Cacace explicó este jueves que el sector podría abrir una nueva fuente de divisas para Argentina.
Según las estimaciones del Consejo Agroindustrial Argentino, el desarrollo de este mercado permitiría captar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales. Se trata de proyecciones privadas condicionadas al desarrollo del mercado, no de ingresos asegurados.
Para Misiones, la posibilidad de comercializar créditos supone reconocer económicamente una actividad que hasta ahora depende principalmente de políticas públicas y otras fuentes de financiamiento: mantener en pie sus bosques nativos.
El antecedente misionero que llegó al Congreso
La provincia desarrolló el Programa Jurisdiccional REDD+ ECO2, una herramienta orientada a obtener financiamiento mediante reducciones verificadas de emisiones asociadas a la protección forestal.
Según información presentada por el Gobierno provincial, el programa abarca aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos y documentó una reducción de la deforestación anual de 21.500 a 5.700 hectáreas durante el período evaluado entre 2017 y 2022.
Misiones también avanzó en un mecanismo de distribución de los futuros ingresos provenientes de la comercialización de créditos de carbono.
El esquema provincial contempla destinar el 45% de esos recursos a propietarios de bosques nativos, el 35% a programas estatales de conservación y el 20% a proyectos sustentables de emprendedores, municipios, organizaciones, comunidades indígenas y universidades.
Estos porcentajes corresponden al programa misionero y no constituyen una distribución obligatoria prevista para todas las provincias por la legislación nacional.
La discusión por la autonomía de las provincias
Uno de los principales puntos de negociación parlamentaria es cómo establecer reglas nacionales sin interferir en las competencias provinciales sobre sus recursos naturales.
La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, mientras que la Nación tiene facultades para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental.
En ese marco, Rojas Decut y Arce impulsaron una iniciativa para compatibilizar la regulación nacional con los programas provinciales de conservación y los derechos de quienes participan de estos mercados.
La senadora misionera sintetizó su posición con una definición: “Coordinación nacional sin subordinación provincial”.
El dictamen contempla la creación de un registro nacional, reglas sobre la titularidad de los créditos, el funcionamiento del mercado voluntario y mecanismos para su integración al mercado de capitales.
También incorpora incentivos fiscales destinados a promover inversiones, entre ellos beneficios vinculados con la primera comercialización de créditos y con el desarrollo de tecnologías de monitoreo.
El desafío legislativo es garantizar que la regulación nacional facilite las operaciones comerciales sin generar conflictos de competencias con las jurisdicciones que ya cuentan con programas propios.
Un mercado que todavía necesita reglas
El proyecto se vincula con los mecanismos internacionales previstos en el artículo 6 del Acuerdo de París, que permite la cooperación entre países mediante transferencias de reducciones de emisiones, sujetas a sistemas de autorización, contabilidad y prevención de la doble contabilización.
Argentina participa del acuerdo, pero el desarrollo de un mercado nacional requiere definir aspectos jurídicos, administrativos y comerciales.
La aprobación del proyecto en el Senado representaría un avance legislativo, aunque todavía necesitaría el tratamiento de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Para Misiones, el debate tiene una dimensión económica concreta: determinar bajo qué condiciones podrá comercializar internacionalmente los créditos generados por su política de conservación y cómo se distribuirán los recursos entre el Estado, los propietarios y los demás participantes.
El tratamiento previsto para este jueves pondrá en discusión si la Argentina puede transformar la protección de sus recursos naturales en una actividad exportadora con reglas comunes y participación de las provincias.