Corralito Paraguayo: la caída de Ueno Bank expone los vínculos del poder
La crisis financiera dejó al descubierto una trama de inversiones estatales, relaciones empresariales y cuestionamientos a los organismos de control. El IPS tiene US$ 355 millones colocados en la entidad, el titular del Banco Central presentó su renuncia y la oposición impulsa un juicio político contra el presidente paraguayo.
El denominado “Corralito Paraguayo” dejó de ser solamente una crisis bancaria para convertirse en un problema político de primera magnitud para Santiago Peña. La resolución de Ueno Bank, una entidad con cerca de tres millones de clientes, expuso la concentración de recursos públicos en el sistema financiero, los vínculos empresariales de dirigentes del Gobierno y los cuestionamientos a la supervisión del Banco Central del Paraguay.
El procedimiento iniciado el 2 de noviembre respondió a una insuficiencia patrimonial que llevó el índice de solvencia de la entidad por debajo del 50% del mínimo exigido.
La suspensión de sus operaciones dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó manifestaciones de ahorristas en Asunción.
Pero el dato que trasladó el problema al centro del poder político fue la magnitud de los recursos estatales depositados en el banco intervenido.
US$ 355 millones del IPS y otros fondos públicos
El Instituto de Previsión Social mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, distribuidas entre certificados de depósito y bonos.
La entidad también administraba los pagos de unos 32.000 jubilados, que deberán ser trasladados a otra institución financiera para continuar cobrando sus haberes.
A la exposición del IPS se agregan recursos de otros organismos públicos, entre ellos la Administración Nacional de Electricidad y la entidad binacional Itaipú.
Según informó Reuters, Ueno administraba aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos.
La situación abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para concentrar inversiones estatales en una misma entidad y sobre los controles que debían evaluar los riesgos de esas colocaciones.
Los antecedentes que complican políticamente a Peña
El caso adquirió una dimensión adicional por los vínculos empresariales previos del presidente paraguayo.
Peña mantuvo inversiones en Ueno Holding, relacionada con el grupo empresarial propietario del banco, y se desprendió de esas participaciones durante 2025.
El antecedente no constituye por sí mismo una prueba de irregularidad. Sin embargo, cobró relevancia política frente a las preguntas sobre el manejo de los recursos estatales y la relación entre autoridades públicas y grupos privados.
La controversia tampoco comenzó con la intervención.
En octubre de 2024, Peña ya había rechazado cuestionamientos periodísticos sobre posibles conflictos de intereses después de que el IPS adquiriera bonos de Ueno.
Más recientemente, en octubre de 2026, legisladores oficialistas y opositores reclamaron explicaciones sobre la situación del banco y cuestionaron la respuesta del organismo supervisor.
El presidente del Banco Central presentó su renuncia
La crisis produjo la salida anunciada de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central, a pedido de Santiago Peña.
Carvallo había encabezado Financiera Ueno antes de asumir la conducción del BCP en 2023, una trayectoria que volvió a quedar bajo escrutinio tras la resolución de la entidad.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público inició una investigación sobre las operaciones del banco y ordenó la detención de ocho directivos.
Entre los investigados figura Miguel Vázquez, uno de los principales referentes empresariales del grupo.
La Fiscalía deberá determinar si existieron conductas delictivas y establecer eventuales responsabilidades individuales.
En el terreno político, sectores opositores anunciaron la intención de impulsar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, aunque el desarrollo de esa iniciativa dependerá de su tramitación parlamentaria.
La crisis de confianza y el futuro del Gobierno
El Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos, con una cobertura de hasta G. 228,3 millones por depositante, y anunció pagos iniciales de hasta G. 10 millones.
El Congreso también comenzó a debatir modificaciones legales para acelerar la devolución del dinero.
Sin embargo, la restitución de los depósitos no agota los cuestionamientos institucionales.
Las preguntas abarcan el origen de las dificultades patrimoniales, el funcionamiento de los controles regulatorios, los criterios de inversión de los organismos estatales y las decisiones adoptadas antes de la intervención.
El problema político para Peña no consiste únicamente en administrar el cierre de Ueno Bank, sino también en explicar cómo una entidad que concentraba importantes recursos públicos llegó a una situación de insolvencia que obligó al Banco Central a intervenir.
El oficialismo insiste en que se trata de un caso aislado y rechaza que el resto del sistema financiero esté comprometido.
Pero las investigaciones judiciales, el debate sobre los fondos previsionales y los pedidos de responsabilidad política mantienen la crisis en el centro de la agenda paraguaya.