Discapacidad: el Senado aprobó un sistema permanente de prestaciones y financiamiento
La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. Establece un marco permanente para el sistema de discapacidad, conserva el nomenclador universal de prestaciones y permite compatibilizar las pensiones con el empleo formal bajo determinados límites de ingresos. Resta la intervención del Poder Ejecutivo.
El Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre una nueva ley destinada al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de discapacidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra, luego de un debate en el que legisladores oficialistas y opositores plantearon la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones y su financiamiento.
El texto aprobado mantiene los principales componentes del régimen vigente, entre ellos las pensiones no contributivas por discapacidad, el nomenclador universal de prestaciones, los aranceles unificados y los mecanismos de actualización vinculados con la inflación.
La legislación busca establecer reglas permanentes para el sector ante el vencimiento, previsto para el 31 de diciembre, del régimen de emergencia.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
Uno de los puntos centrales de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas, cuyo monto se mantiene en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo el principal instrumento para acceder a estas prestaciones.
Además, se conserva la posibilidad de que las personas beneficiarias desarrollen una actividad laboral formal sin perder automáticamente la pensión.
Para acceder a esta compatibilidad, los ingresos laborales no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La disposición contempla tanto a quienes tengan un empleo registrado como a las personas inscriptas en regímenes tributarios, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación.
Nomenclador universal y actualización de prestaciones
La nueva normativa ratifica la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del sistema de aranceles unificados.
También establece mecanismos de actualización de los valores de las prestaciones vinculados con la movilidad jubilatoria y la inflación, con el objetivo de preservar su valor frente a las variaciones de precios.
En materia de cobertura sanitaria, garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad puedan acceder a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud.
Financiamiento y deudas con los prestadores
El texto incorpora disposiciones presupuestarias específicas para financiar el sistema de discapacidad a través del Ministerio de Salud.
También prevé compensaciones del Tesoro Nacional cuando los recursos asignados resulten insuficientes y establece que el financiamiento no deberá perder poder adquisitivo respecto del ejercicio anterior.
Otro de los aspectos aprobados está relacionado con las deudas pendientes con prestadores de servicios.
En caso de existir obligaciones impagas al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días, conforme a las disposiciones de la norma.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La legislación incorpora mecanismos de fiscalización periódica que estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Las auditorías contemplan el intercambio y cruce de información con organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
También se contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante incumplimientos objetivos, aunque mediante un procedimiento que incluye la notificación a la persona afectada y la posibilidad de presentar un descargo.
El debate político y las advertencias sobre su implementación
Durante el tratamiento parlamentario, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la necesidad de reemplazar las disposiciones transitorias por un sistema con reglas estables.
Por su parte, la senadora Alicia Kirchner expresó preocupación por la capacidad operativa de las oficinas de ANSES para implementar las medidas previstas.
La radical Mariana Juri señaló que el Presupuesto 2027 deberá contemplar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.
El senador Maximiliano Abad también planteó la importancia de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones, mientras que Pablo Bensusán pidió prestar atención al cumplimiento de los plazos de pago a los prestadores.
Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, sostuvo que el sistema requiere reglas permanentes, financiamiento y mecanismos de control.
Los próximos pasos tras la sanción del Senado
Con la aprobación de la Cámara alta, el Congreso completó el tratamiento legislativo de la iniciativa.
El siguiente paso corresponde al Poder Ejecutivo, que deberá definir su promulgación y posterior reglamentación, y conserva las facultades constitucionales de veto total o parcial.
La implementación de la normativa y la asignación de los recursos presupuestarios serán aspectos centrales para determinar su aplicación efectiva.
Con información de Infobae
