Patentes y tierras rurales: el Senado sancionó dos leyes con impacto económico y jurídico
La Cámara alta aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes con 47 votos afirmativos y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con 42 apoyos. Esta última restituye el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales e incorpora modificaciones sobre expropiaciones y desalojos.
El Senado de la Nación sancionó el jueves 19 de noviembre dos iniciativas vinculadas con la propiedad intelectual y el derecho de propiedad en Argentina. Por un lado, aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), mientras que, por otro, convirtió en ley un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que restablece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
El tratado internacional obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos. En tanto, la normativa sobre propiedad privada fue sancionada con 42 votos a favor y 26 en contra.
Ambas iniciativas habían regresado al Senado después de recibir modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que la votación completó su tratamiento parlamentario.
Argentina aprobó su adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido internacionalmente por sus siglas PCT, establece un procedimiento que facilita la presentación de solicitudes de protección de invenciones en diferentes países.
La Argentina había firmado el acuerdo durante el siglo pasado y el Senado lo había aprobado inicialmente en 1998. Sin embargo, el proceso legislativo quedó pendiente hasta su tratamiento definitivo.
La adhesión al tratado también forma parte de los compromisos comerciales vinculados con el entendimiento entre Argentina y Estados Unidos, así como de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
El sistema permite iniciar una solicitud internacional mediante un procedimiento unificado, aunque la concesión definitiva de las patentes continúa sujeta a las autoridades competentes de cada país.
La reserva del capítulo II y las objeciones de los laboratorios nacionales
Durante el tratamiento en Diputados, la industria farmacéutica local planteó objeciones sobre el alcance del capítulo II del tratado, relacionado con el examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.
Los laboratorios nacionales advirtieron que ese mecanismo podría favorecer prácticas conocidas como “evergreening”, mediante las cuales se intenta prolongar la exclusividad comercial de determinados medicamentos a partir de modificaciones secundarias.
También expresaron preocupación por la posible influencia de evaluaciones internacionales sobre las decisiones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Ante esos planteos, el Congreso avanzó con una reserva sobre el capítulo II, que quedó excluido del alcance de la adhesión aprobada.
El oficialismo defendió la simplificación de los trámites internacionales
Durante el debate, el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, representante de Formosa y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que el tratado facilitará la protección internacional de invenciones desarrolladas por empresas y emprendimientos tecnológicos.
El legislador explicó que el mecanismo permitirá simplificar los procedimientos para pequeñas y medianas empresas que busquen registrar sus desarrollos en el exterior.
Desde Convicción Federal, el senador Guillermo Andrada, de Catamarca, respaldó la iniciativa y señaló que los investigadores podrán reducir trámites, sin que Argentina pierda la facultad de decidir sobre la concesión de patentes.
La senadora Flavia Royón, de Salta, también destacó las posibilidades que el acuerdo ofrece para el sistema científico y tecnológico.
En contraste, el senador José Mayans cuestionó las implicancias comerciales del entendimiento con Estados Unidos y advirtió sobre sus posibles efectos en la industria farmacéutica.

La ley de propiedad privada restablece el límite del 15% a las tierras rurales en manos extranjeras
La segunda iniciativa sancionada por el Senado restituye disposiciones de la Ley 26.737, aprobada en 2011, que establece límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La normativa había sido derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, pero el nuevo texto aprobado por el Congreso restablece sus principales restricciones.
Entre ellas, se dispone que la titularidad extranjera no podrá superar el 15% de las tierras rurales, conforme a los criterios territoriales establecidos en la legislación.
También se mantiene un límite del 30% por nacionalidad dentro del porcentaje autorizado para titulares extranjeros.
En la denominada zona núcleo, la superficie máxima prevista para un mismo titular extranjero es de 1.000 hectáreas, de acuerdo con las condiciones del régimen.
Nuevas disposiciones para las expropiaciones
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada también introduce modificaciones relacionadas con los procedimientos de expropiación.
El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar concretamente la finalidad que justifica la medida.
Asimismo, dispone que la expropiación deberá resultar necesaria, idónea y proporcional para alcanzar el objetivo declarado.
En materia de indemnizaciones, la legislación contempla el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando pueda determinarse, además de los daños directos e inmediatos derivados de la expropiación.
También admite el reconocimiento del lucro cesante cuando esté debidamente acreditado y sea consecuencia directa de la medida, bajo los límites y excepciones establecidos en el articulado.
Qué establece la ley para los desalojos por falta de pago
Otro de los puntos incorporados está relacionado con los procedimientos de desalojo de inmuebles destinados a vivienda.
La normativa establece que, antes de iniciar una demanda por falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino para que regularice la deuda.
El plazo otorgado no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la notificación.
Una vez cumplido ese período, si el locatario no restituye el inmueble, el propietario podrá iniciar la correspondiente acción judicial de desalojo mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación.
El texto también contempla la validez de las notificaciones dirigidas al domicilio informado en el contrato, incluido el domicilio electrónico, bajo las condiciones establecidas.
El Senado también aprobó la denominada Ley Joaquín
Durante la misma sesión, la Cámara alta sancionó por unanimidad, con 68 votos afirmativos, la denominada Ley Joaquín, destinada a establecer medidas de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas.
La normativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 después de que un arco de fútbol sin fijación al suelo cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.
La legislación establece obligaciones relacionadas con la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos ubicados en espacios públicos y privados.
El objetivo es prevenir accidentes mediante condiciones de estabilidad y sistemas de anclaje adecuados.
Los proyectos completaron su recorrido parlamentario
Con la aprobación de las modificaciones introducidas por Diputados, el Senado completó la sanción de las iniciativas sobre patentes y propiedad privada.
La adhesión al PCT incorpora un nuevo instrumento para la tramitación internacional de patentes, mientras que la normativa de propiedad privada restablece restricciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales y modifica disposiciones sobre expropiaciones y desalojos.
Tras la sanción legislativa, corresponde la intervención del Poder Ejecutivo en el marco del procedimiento constitucional de promulgación o veto.
Con información de Infobae
