El Senado dio media sanción a la regulación de los mercados de carbono, beneficios fiscales y exportaciones potenciales de hasta US$ 3.900 millones anuales
Con 60 votos a favor y apenas dos en contra, la Cámara alta dio media sanción a un marco regulatorio que incorpora iniciativas de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. El proyecto reconoce los créditos de carbono como activos comercializables y abre la posibilidad de generar exportaciones por hasta US$ 3.900 millones anuales.
El Senado de la Nación aprobó por 60 votos afirmativos y dos negativos el proyecto que establece un marco regulatorio para los mercados de carbono en Argentina, una iniciativa que incorpora propuestas de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. La media sanción representa un avance legislativo para el desarrollo de instrumentos económicos vinculados con la conservación ambiental y la reducción de emisiones, aunque todavía necesita la aprobación de la Cámara de Diputados.
La votación se realizó el jueves 29 de octubre y reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, sectores del justicialismo y distintos bloques provinciales. Los únicos votos negativos correspondieron a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
El texto aprobado surgió de la unificación de proyectos presentados por Flavia Royón, de Salta; Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones; y Jorge Capitanich, de Chaco.
La participación de los legisladores misioneros tiene un antecedente concreto: Misiones desarrolló un programa jurisdiccional de créditos de carbono a partir de la conservación de la Selva Paranaense y busca establecer condiciones jurídicas para su comercialización internacional.
El modelo misionero que llegó al Congreso
Durante el debate, Rojas Decut defendió la necesidad de contar con una legislación nacional que contemple los distintos mecanismos de generación de créditos de carbono, incluidas las experiencias desarrolladas por las provincias.
“Misiones quiere esta ley porque necesita reglas claras y hemos trabajado de manera muy comprometida para crear una ley que comprenda cómo funcionan los distintos modelos que generan créditos de carbono”, sostuvo.
La legisladora también destacó que la normativa permitirá incorporar a Argentina a un mercado internacional en el que la protección ambiental puede convertirse en una fuente de financiamiento.
“Tratamos una ley que define cómo integrar la Argentina a los mercados internacionales de carbono, un mercado donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias y las empresas argentinas”, expresó.
Misiones cuenta con un programa jurisdiccional REDD+ orientado a reducir las emisiones generadas por la deforestación y degradación de bosques.
Según la información presentada durante el debate, la provincia tiene aproximadamente 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo involucradas en el esquema y más de 13 millones de toneladas de reducciones de emisiones certificadas.
La experiencia provincial fue uno de los antecedentes considerados en la discusión sobre cómo compatibilizar una regulación nacional con las competencias de las provincias sobre sus recursos naturales.
Qué cambia con la nueva regulación
Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en reconocer los créditos de carbono como bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia.
Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente cuya emisión fue evitada, reducida o removida mediante un proyecto certificado.
La definición jurídica permitirá distinguir el crédito del inmueble o recurso natural que dio origen a la reducción de emisiones y establecer reglas sobre su titularidad y comercialización.
El proyecto también crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública, gratuita y declarativa destinada a registrar proyectos y garantizar la trazabilidad de los créditos.
Otro objetivo es impedir que una misma reducción de emisiones sea contabilizada simultáneamente por diferentes países o participantes del mercado.
Como regla general, la iniciativa permite comercializar créditos en mercados nacionales e internacionales sin autorización administrativa previa. Sin embargo, establece excepciones cuando las operaciones involucren compromisos climáticos internacionales que requieran autorización y ajustes contables.
Beneficios fiscales y un mercado millonario
El texto aprobado por el Senado contempla una alícuota del 0% en los derechos de exportación para las transferencias internacionales alcanzadas por el régimen.
También establece estabilidad fiscal durante diez años para los proyectos registrados, respecto de los tributos nacionales.
Las disposiciones buscan dar previsibilidad a inversiones que requieren plazos prolongados para desarrollar proyectos, verificar reducciones de emisiones y comercializar los créditos obtenidos.
Además, la iniciativa permite utilizar estos activos como respaldo de instrumentos financieros, incluidos aquellos sujetos a la regulación de la Comisión Nacional de Valores.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Agroindustrial Argentino, el desarrollo de este mercado podría generar entre US$ 1.400 millones y US$ 3.900 millones anuales en exportaciones, además de movilizar inversiones territoriales directas superiores a US$ 2.000 millones en el mediano plazo.
Estas cifras son proyecciones del sector privado y no representan ingresos garantizados por la eventual aprobación de la ley.
La senadora salteña Flavia Royón advirtió durante el debate que Argentina perdió oportunidades por carecer de reglas específicas para estas operaciones.
“La Argentina está quedándose atrás en esta temática de los mercados de carbono por no tener un marco regulatorio que permita que los bonos de carbono puedan ser comercializados en los mercados regulados o mediante mecanismos que pagan mejores valores”, afirmó.
El federalismo ambiental, uno de los ejes de la ley
La discusión también abordó el alcance de las competencias nacionales y provinciales sobre los proyectos que generan créditos ambientales.
El marco regulatorio busca respetar el dominio originario que las provincias tienen sobre sus recursos naturales y, al mismo tiempo, establecer condiciones comunes para la certificación, registro y comercialización.
Este punto resulta especialmente relevante para jurisdicciones como Misiones, que ya desarrollaron programas propios y necesitan compatibilizarlos con los mecanismos internacionales.
Por su parte, Jorge Capitanich defendió la posibilidad de que la conservación ambiental genere recursos económicos para los territorios.
“Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales”, expresó el senador chaqueño.
Con la media sanción, el proyecto deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Si se aprueba sin modificaciones, quedará convertido en ley.
La votación del Senado no habilita automáticamente la comercialización internacional de los créditos misioneros, pero representa un avance hacia el establecimiento de reglas nacionales para un mercado en el que la provincia ya cuenta con proyectos certificados y busca concretar operaciones.