La causa patrimonial contra Adorni podría continuar por una eventual evasión tributaria
Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar bajo la hipótesis de enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Penal Económica para investigar una posible evasión tributaria. El dictamen no implica el sobreseimiento de Manuel Adorni.
El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que los elementos reunidos hasta el momento no permiten sostener que Manuel Adorni haya tenido un incremento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública y pidió que la investigación continúe bajo una posible hipótesis de evasión tributaria.
El planteo propone que el expediente deje de tramitar como un caso de presunto enriquecimiento ilícito y sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La decisión deberá ser analizada ahora por el juez Ariel Lijo.
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó el patrimonio de Adorni durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
Las diferencias patrimoniales que investigó la Fiscalía
Durante la investigación se detectaron erogaciones por US$402.578,12, de las cuales US$374.081,66 habrían sido abonadas en efectivo.
También se registró una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos correspondientes al período analizado.
Entre los movimientos examinados aparecen la compra de un lote en el Country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble ubicado en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Según el dictamen, parte de esas operaciones se habría realizado fuera del sistema bancario o a través de terceros.
La explicación de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin
Adorni respondió a la intimación patrimonial señalando que una parte sustancial del dinero provenía de una inversión previa en Bitcoin.
Su defensa aseguró que entre 2014 y 2018 operó mediante ocho direcciones de autocustodia, con compras cercanas a los US$200.000, y que posteriormente la liquidación de esos activos produjo US$591.544,61, que fueron conservados en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con las pruebas disponibles.
La relevancia jurídica de ese punto radica en que el delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial apreciable e injustificado se produzca después del ingreso a la función pública. La versión presentada por la defensa sitúa el origen de esos fondos varios años antes.
Qué determinó la verificación de las billeteras
La Fiscalía dispuso una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa.
El procedimiento permitió establecer que las claves privadas estaban bajo control de la defensa de Adorni al momento de la diligencia y podían generar firmas digitales válidas.
También se comprobó que esas direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018 y que actualmente no registran saldo.
Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal advirtió que la tecnología blockchain no permite determinar quién controló una billetera en un momento específico ni desde cuándo una persona tuvo acceso a determinada clave privada.
Tampoco fue posible reconstruir con certeza todas las contrapartes, lugares y condiciones de las operaciones. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas y los restantes estarían vinculados con servicios radicados en el exterior cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido.
Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden confirmar definitivamente la explicación de Adorni, pero tampoco permiten descartarla.
Los ingresos previos del matrimonio
El dictamen también analizó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Según registros de ANSES y ARCA, las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas al tipo de cambio oficial promedio de cada año, habrían alcanzado aproximadamente US$335.000 hasta 2014 y unos US$493.000 hasta 2018.
Los registros cambiarios también muestran compras conjuntas por US$60.983 entre 2011 y 2014, monto que asciende a US$83.472 si se incluye 2015.
La Fiscalía aclaró que esos datos no demuestran por sí mismos que la inversión en criptomonedas haya ocurrido ni permiten reconstruir todos los gastos familiares, aunque consideró que ubican una compra de Bitcoin por alrededor de US$200.000 dentro de una escala económica posible.
El dictamen también menciona como fuente documentada de divisas la venta por US$50.000 de un inmueble heredado en La Plata.
La investigación podría continuar por evasión
Aunque Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para mantener la hipótesis de enriquecimiento ilícito, detectó posibles irregularidades tributarias.
Según el dictamen, la propia defensa reconoció que parte de los datos incorporados mediante declaraciones juradas rectificativas correspondían a información que anteriormente no había sido declarada.
También se indicó que parte de los ahorros familiares se habría mantenido fuera del sistema bancario y, según la expresión consignada en el expediente, “del radar de ARCA”.
Por ese motivo, el fiscal pidió que la causa sea remitida a la Justicia Penal Económico para determinar si existieron conductas vinculadas con una posible evasión impositiva.
Con información de Infobae.