Sin fueros y con orden de detención: la Fiscalía va por Santiago Peña y pide su prisión preventiva
El Ministerio Público imputó al expresidente por lesión de confianza, estafa en grado de tentativa y presunto enriquecimiento ilícito en el caso ueno bank, y pidió su prisión preventiva. La orden alcanza también al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo. La defensa sostiene que el patrimonio de Peña fue certificado por la Contraloría.
El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención domiciliaria de Santiago Peña, pocas horas después de que el Congreso lo destituyera de la presidencia mediante juicio político. La medida quedó asentada en la Nota N° 97, dirigida al comandante de la Policía Nacional y firmada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia González Vester y Ruth Benítez, en el marco de la causa N° 92/2026, caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”.
Según el documento difundido por el diario El Nacional, el exmandatario deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La misma orden alcanza a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien antes de asumir al frente de la autoridad monetaria, en agosto de 2023, había presidido Financiera Ueno. En su caso, la detención deberá cumplirse en dependencias que determine la Policía Nacional. Hasta el cierre de esta edición no se había informado la ejecución de ninguna de las dos medidas.
La imputación y el pedido de prisión preventiva
En paralelo, la Fiscalía presentó el acta de imputación contra Peña por lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, presunto enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles, y solicitó al juzgado competente la aplicación de la prisión preventiva, según informó ABC Color. La causa había sido abierta el jueves por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a partir de denuncias de legisladores que ampliaron una presentación realizada en octubre de 2025 sobre los vínculos del entonces presidente y su entorno con el grupo Ueno.
La rapidez de la actuación fiscal llegó después de fuertes cuestionamientos. Horas antes de la sesión que selló la destitución, la senadora Yolanda Paredes había reprochado públicamente al fiscal general que, mientras los directivos de ueno bank fueron detenidos en 24 horas, no existía todavía una orden contra Peña. La destitución dejó al exmandatario sin los fueros que lo protegían como jefe de Estado, y el rechazo previo de su renuncia le impidió acceder a los que le habrían correspondido como senador vitalicio.
La defensa de Peña rechazó las acusaciones durante el juicio político. Sus abogados sostuvieron ante el Senado que la Contraloría General de la República ya había verificado y certificado la correspondencia de sus declaraciones juradas, y remarcaron que una acusación no constituye prueba.
El caso se originó con la intervención de ueno bank, una de las entidades financieras con mayor cantidad de clientes del país, que el BCP resolvió por problemas de solvencia y que dejó congelados los depósitos de casi 3 millones de personas, además de fondos de la caja estatal de jubilaciones. Peña había invertido en la sociedad controlante del banco y vendió su participación en marzo de 2025.
Mientras avanza el frente judicial, el Congreso se preparaba para tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, dirigente colorado cercano al expresidente Horacio Cartes, como nuevo jefe de Estado. La situación de Peña, que hasta esta semana era uno de los principales aliados regionales de Javier Milei, pasó en 72 horas de la renuncia a la destitución y de la destitución a una orden de detención.
Con información de ABC Color, El Nacional, 1000 Noticias y Prensa Latina.