Miércoles
7 de octubre de 2026
7 de octubre de 2026
El DNU 70/2023 volvió al centro de la disputa política en el Congreso después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
La decisión del máximo tribunal reactivó una discusión que hasta ahora permanecía contenida en la Cámara de Diputados: la posibilidad de rechazar definitivamente el megadecreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión.
Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda comenzaron a buscar consensos para convocar a una sesión especial y avanzar contra el DNU.
El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024. Para que pierda vigencia falta que también sea rechazado por la Cámara baja.
Hasta el momento, la oposición no logró reunir los votos necesarios por dos motivos centrales: la falta de acompañamiento de gobernadores dialoguistas y el carácter amplio del DNU, que modificó y derogó centenares de normas en un mismo paquete.
Ese punto vuelve a ser determinante. El Congreso no puede rechazar partes específicas del decreto, sino que debe pronunciarse sobre su totalidad.
Por eso, el debate por la Ley de Tierras obliga también a definir posiciones sobre el resto del DNU, que incluye modificaciones en alquileres, medicina prepaga y otras áreas.
La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Cecim no tenía legitimación suficiente para promover la demanda.
El tribunal no resolvió sobre la cuestión de fondo, pero como consecuencia de su decisión volvió a quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70.
La norma derogada establecía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, entre ellos una restricción general del 15% sobre la superficie nacional, provincial y municipal.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó que comenzaron las conversaciones para llevar el tema al recinto.
Entre las fechas que circulan aparecen el 14 y el 15 de octubre, aunque el principal desafío sigue siendo alcanzar el quórum y garantizar una mayoría suficiente para rechazar el decreto.
La estrategia opositora apunta a aprovechar el impacto político del fallo y sumar al reclamo a gobernadores que ya habían mostrado reparos frente a modificaciones sobre la propiedad de tierras.
El cordobés Martín Llaryora aparece entre los mandatarios cuya posición puede resultar relevante en la negociación.
El riesgo para la oposición es convocar una sesión sin tener asegurados los números. Si La Libertad Avanza logra reunir una mayoría para ratificar el DNU, el oficialismo podría transformar la ofensiva opositora en una validación política del decreto.
La Libertad Avanza también comenzó a evaluar alternativas para evitar que la discusión por la Ley de Tierras termine arrastrando a todo el DNU.
Una de las posibilidades en análisis es incorporar restricciones mínimas a la compra de tierras por extranjeros mediante otra iniciativa legislativa.
Esas modificaciones podrían incluirse en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo aprobación del Senado y permanece pendiente en Diputados, o en la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada por Milei en el marco de la cuestión Malvinas.
La intención del oficialismo es ofrecer una salida que permita a los gobernadores acompañar límites específicos sobre extranjerización de tierras sin tener que votar contra la totalidad del megadecreto.
El antecedente inmediato juega un papel central en esa estrategia. Hace dos meses, el oficialismo había intentado modificar el régimen de tierras dentro de un proyecto más amplio, pero terminó retirando ese capítulo ante la falta de apoyo político.
El debate se trasladó también a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de Diputados, donde comenzó a discutirse el proyecto vinculado con Malvinas.
La reunión estuvo atravesada por fuertes cruces entre diputados oficialistas y opositores.
Juan Grabois acusó a los libertarios de tener “a la Corte comprada”, mientras Romina Propato exhibió una bandera del Cecim La Plata durante la discusión.
Los excombatientes también comenzaron a respaldar públicamente la posibilidad de movilizar contra la derogación de la Ley de Tierras.
“Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti han puesto un cartel de venta a la República Argentina”, afirmó Gerónimo Guerrero Iraola, responsable jurídico del Cecim, quien calificó al DNU como “una tragedia nacional y el puntapié inicial de un plan sistemático de entrega de la soberanía”.
La disputa quedó así planteada en dos niveles: la oposición intenta convertir el conflicto por la Ley de Tierras en una votación sobre todo el DNU 70, mientras el Gobierno busca aislar ese tema y evitar que la discusión termine afectando una de las principales normas de la gestión de Milei.
Con información de Vía País.
