Diputados: proponen impedir el uso de celulares dentro de las cárceles federales
El jefe del bloque PRO en Diputados presentó un proyecto para instalar sistemas obligatorios de inhibición, bloqueo y detección de señales móviles en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. La iniciativa mantiene canales autorizados para las comunicaciones de los internos con familiares y abogados.
El diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara baja, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen obligatorio de bloqueo, inhibición y detección de señales de telefonía móvil y transmisión de datos en todas las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Emmanuel Bianchetti.
El objetivo declarado es impedir que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares u otros dispositivos para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde establecimientos penitenciarios.
Instalación obligatoria en un plazo de 180 días
El proyecto establece que el Estado nacional deberá completar la instalación de los sistemas dentro de los 180 días corridos posteriores a la reglamentación de la ley.
La implementación alcanzaría a unidades penitenciarias, complejos federales, alcaidías y colonias penales. La prioridad estaría puesta en los establecimientos de máxima seguridad y en aquellos con antecedentes de actividades delictivas organizadas mediante dispositivos móviles.
El Ministerio de Seguridad quedaría como autoridad de aplicación y debería coordinar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los aspectos técnicos necesarios para evitar interferencias fuera del perímetro de cada cárcel.
Los sistemas también deberían mantener operativas las comunicaciones institucionales, las líneas de emergencia y los dispositivos utilizados por el personal de seguridad.
Prohibición de celulares y sanciones al personal
La propuesta contempla además la incorporación de tecnologías de detección activa para identificar teléfonos en uso dentro de los establecimientos.
También prohíbe expresamente que los internos tengan, utilicen o ingresen teléfonos móviles, tablets, notebooks u otros dispositivos con acceso a redes de datos.
El texto establece sanciones para el personal penitenciario o de seguridad que facilite, tolere o encubra el ingreso o utilización de esos equipos. Esas conductas serían consideradas faltas graves, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales.
Cómo se garantizarían las comunicaciones
El proyecto aclara que el bloqueo de señales no impediría que los internos se comuniquen con familiares y allegados.
Esos contactos deberían realizarse mediante líneas telefónicas institucionales o dispositivos expresamente autorizados por el Servicio Penitenciario Federal.
Las comunicaciones con abogados defensores quedarían excluidas de cualquier interferencia para preservar el derecho de defensa en juicio.
La iniciativa también propone derogar los protocolos adoptados durante la pandemia que habían habilitado excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en cárceles federales.
Quienes todavía posean dispositivos autorizados bajo esos regímenes deberían entregarlos dentro de las 24 horas posteriores a la notificación correspondiente.
Los argumentos del proyecto
En los fundamentos, los legisladores sostienen que delitos como extorsiones telefónicas, secuestros virtuales, amenazas y maniobras vinculadas con el narcotráfico pueden ser coordinados desde establecimientos penitenciarios mediante celulares ingresados clandestinamente.
También mencionan experiencias de bloqueo de señales implementadas en Reino Unido, El Salvador, Ecuador, Chile y Colombia.
El proyecto dispone además que el Ministerio de Seguridad deberá enviar informes semestrales al Congreso sobre el grado de implementación del sistema, los dispositivos detectados e incautados, los resultados obtenidos y las eventuales afectaciones a terceros.
Finalmente, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar mecanismos similares en sus sistemas penitenciarios.
Con información de Parlamentario.